El fiscal general del Estado

En su momento, fui de la opinión de que el nombramiento a principios de 2020 de la Srª Delgado, antes ministra de Justicia como FGE no era admisible desde el punto de vista político, pero sin olvidar que el CGPJ informó de que la exministra reunía los requisitos legales para ocupar el puesto, y que nadie ignora que todos los titulares de la FGE anteriormente nombrados (tanto del PP como del PSOE) contaban con la confianza política de quien los designó. Sin embargo, no comparto la fundamentación para anular el nombramiento de la Srª Delgado, ya que, estaba justificada la denegación por el FGE de la suspensión y la retirada de ese punto del orden del día del Consejo Fiscal.

Por todas estas razones, me parece injusta la campaña que está sufriendo el FGE, que tiene como última evidencia el intento de criminalizarlo como consecuencia de una información facilitada respecto a los avatares procesales de la pareja de la Srª Díaz Ayuso, y a información sobre el escrito de su defensa dirigido al fiscal de la Sección de Delitos Económicos, donde propone la conformidad penal respecto a varios delitos contra la Hacienda Pública, que reconoce que ha cometido. Pues bien, esta información no es difundida inicialmente por la fiscalía, sino que aparece en el marco de una supuesta imposición política para que no se acepte la conformidad con este Sr.

Precisamente para aclarar la anterior información, y como informa el FGE, se difunde por la fiscalía de Madrid información que no puede perjudicar el derecho de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia procesal alguna en un ulterior procedimiento judicial. Así lo ha entendido la Junta de Fiscales de Sala (aunque por ajustada votación), al proponer el archivo de la querella por revelación de secretos sin practicar diligencia alguna. Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la pareja de la Srª Díaz Ayuso.

Dejemos que las actuaciones sigan su curso, y confiemos en la imparcialidad de los órganos judiciales. Es la única forma de afrontar esta situación de una manera sensata, sin caer en el deleznable 'deporte', afecte a quien afecte, de la caza del adversario político.