Financiación autonómica: más cuentos que cuentas

No caben interpretaciones, especialmente porque este mismo mandato se sustenta en «la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», al tiempo que reconoce y garantiza «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

Así que, por muchos eufemismos y circunloquios que el Gobierno quiera utilizar para convencernos de lo contrario, nada puede justificar un sistema de financiación autonómica que quiebre este modelo solidario y apunte hacia la desigualdad entre las regiones. Me imagino a todo el equipo de ministros y asesores de Pedro Sánchez intentando diseñar cómo explicar lo inexplicable y con poco coste político.

–¡Eureka, presidente! ¡Hablemos de financiación singular!

–¿Pero qué queremos decir con singular?

–Realmente significa que le damos una financiación especial a Cataluña, pero así, utilizando singular, no suena tan mal.

–No sé...

–¿Se acuerda, presidente, cuando el ministro De Guindos inventó aquello del 'crecimiento negativo' para explicar que la economía española iba a caer en picado en 2012? Pues esto es igual.

–Adelante, entonces.

Y al día siguiente el propio Sánchez y todo su equipo ministerial salieron hablando de la necesidad de que Cataluña tenga una financiación singular respecto al resto de las regiones de España.

Lo malo fue que uno de los que salió a explicar este número de prestidigitación económica fue Patxi López, que con su reconocida locuacidad se hizo un lío con las singularidades regionales «porque unas tienen mar, otras tienen montañas, unas tienen más población y otras menos». Y así todo, como una entrega semanal de los Magos del Humor con Pepe Gotera y Otilio en versión grupo parlamentario del PSOE en el Congreso.

Pero, como diría el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, lo importante es ganar el relato y para conseguirlo lo mejor es decir cosas que no dicen nada y que lo dicen todo.

La realidad no es otra que ésta: el Gobierno quiere contentar al independentismo catalán para intentar hacer presidente a Salvador Illa y para ello está dispuesto a romper el criterio de solidaridad en la financiación de las regiones y premiar a Cataluña a costa del resto de las comunidades.

Es verdad que Madrid, Barcelona y Baleares aportan al Estado más de lo que reciben, todo lo contrario que Andalucía, Canarias y Galicia. Es una sencilla explicación de lo que son comunidades ricas y pobres y de la necesidad de equilibrar esas desigualdades a través de un reparto solidario. Es la base de la igualdad y del estado del bienestar: que los ricos paguen más que los pobres en la permanente búsqueda del equilibrio territorial.

Me temo que es una forma muy simple de explicar un problema complejo que el Estado, con gobiernos del PSOE y del PP, lleva muchos años intentando solucionar. De hecho, este afán del PSOE con Cataluña se basa en muchos aspectos del principio de ordinalidad que intentó aplicar el ministro Montoro (PP) y que para el Gobierno actual sólo tiene un problema: podría contentar a los catalanes pero, vaya por Dios, beneficiaría mucho más a Madrid.

Porque Cataluña tampoco puede esconder sus vergüenzas, entre las que destaca que es la comunidad más endeudada con el Estado por su pésima gestión en las últimas décadas: 110.000 millones de deuda, un 34% del PIB y seguida de Valencia (73.000 millones) y Andalucía (44.000 millones). Madrid no llega a los 2.000 millones. Y ahora Cataluña pretende, además, que le condonen parte de esa deuda con cargo al bolsillo del resto de los españoles.

Aquí lo que pasa es que el Gobierno no quiere llamar las cosas por su nombre. Quiere comprar la investidura de Illa en el Parlament y la permanencia de Sánchez en Moncloa por unos miles de millones aunque ello signifique dinamitar el criterio de solidaridad e igualdad entre los españoles y, además, implique que el PSOE dé la espalda a las regiones más pobres, motivo por el cual hasta los socialistas extremeños o castellano manchegos han puesto el grito en el cielo.

Los ciudadanos pueden admitir indultos y amnistías, pero quizá digan basta ya al intento de convertirlos, a estas alturas, en ciudadanos de segunda clase.