No es tan fácil

El gobierno balear ha respondido con el aislamiento obligatorio de más de 200 estudiantes en un hotel, medida que siendo evidente que afecta de forma directa a derechos fundamentales (art 17, libertad personal y 19, libertad de circulación, CE), ha generado una enorme polémica sobre su adecuación a derecho. Partimos de otra evidencia: con la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública en la mano (art 2 y 3), es posible adoptar medidas como el aislamiento de personas concretas en las habitaciones de un hotel. Pero decisiones de ese calado no se pueden adoptar sin control judicial (de forma preventiva mediante la autorización o a posteriori con la ratificación, art. 8.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa) y siempre respetando el principio de proporcionalidad (lo que exige demostrar que los estudiantes aislados representan un peligro para la salud pública). Sinceramente, dada la velocidad del virus para su expansión, no tengo claro si era posible ese deslinde entre unos y otros de esos jóvenes para evitar el encierro de los que no han tenido contacto estrecho con los positivos. Al final, el Juzgado Contencioso número 3 de Palma no ha ratificado el aislamiento de 181 de esos estudiantes que no dan positivo en los PCR o no tienen síntomas sin esa prueba. Tampoco está claro que fuera viable la autorización judicial previa (con el peligro de salidas masivas e incontroladas). Ahora sabemos que algunos de esos jóvenes 'liberados' han dado positivo y están repartidos por todas España. Las cosas a veces no son tan fáciles como aparentan.