En la resolución producida hace unos días por el magistrado Llarena –instructor de la causa que el Tribunal Supremo sigue contra Puigdemont y otros fugados– se recuerda que la sentencia del 'prusés' decía que «la protección de la unidad territorial de España no es una ... extravagancia que singularice nuestro sistema constitucional y que la práctica totalidad de las constituciones europeas (Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Bélgica, Grecia...) incluyen preceptos encaminados a reforzar la integridad del territorio sobre el que se asientan los respectivos estados». La esgrimida causa justificativa para derogar el delito de sedición, cacareada por Pedro Sánchez una y otra vez y recogida en la exposición de motivos de la propia ley, de homologar o armonizar con Europa nuestro código penal en conductas de este tipo o proporcionar sus penas es una miserable mentira. «Hasta aquí la previsión legislativa era plenamente homologable a la de los países de nuestro entorno» –dice Llarena–. La realidad –indica el juez– es que se ha llevado a cabo una auténtica despenalización y no cabe subsumir aquellas conductas en el nuevo delito de desórdenes agravados, ya que es un tipo penal que no existía en el momento de la comisión de los hechos. Además, tampoco podría aplicarse en situación semejante en el futuro por exigirse literalmente el uso de la violencia en las personas o las cosas.

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Lo llamativo y sensacional es que el Magistrado del Supremo, si bien retira la acusación de sedición por motivos obvios, no disminuye la petición de pena en lo tocante a la presunta malversación. A pesar de que en el propio paquete legislativo de derogación y cambios en el código penal se incluyeron tipos penales atenuados distinguiendo el supuesto enriquecimiento personal del de otros fines. Este Juez Instructor considera que la malversación «como actuación apropiatoria en la que se dispone del dinero o los bienes públicos como si fueran propios», no se ha visto modificada. En suma, un auténtico revés para el pacto político del Gobierno con ERC, reconocido por el propio Pere Aragonés hace sólo horas. Así las cosas, ni Puigdemont va a poder pasearse por la Diagonal fumándose un puro –o sin él–, como insinuaba su abogado, Boye, ni tampoco Junqueras tiene el semáforo en verde para presentarse a elecciones al ver finalizada su condena de inhabilitación.

Las modificaciones legislativas ad hominem, las componendas derogatorias de delitos o que alteran su significación y penas, todo por pura conveniencia política, cuando los fines son el propio interés, no pueden salir muy bien. Una vez más todo parece haberse complicado, ni cumplidos los planes en diciembre ni logrados los efectos pretendidos. Al final, todo es una inmensa chapuza legal, ésta sí de la parte socialista gubernamental. Los imaginativos aprendices de Maquiavelo tendrán que volver a esforzarse. Por cierto, que en momentos como éste, la trampilla de filtrar falsos escenarios respecto de Alberto Núñez Feijóo, cuya significación y figura no consiguen ocultar que les obsesiona, tampoco servirá.

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