La política suele enmascarar en un lenguaje artificial y confuso todas aquellas decisiones que pueden tener una contestación social. El mayor alarde en este sentido es el término 'crecimiento negativo' que les gusta utilizar los ministros para evitar así entrar en detalles de cualquier descalabro ... económico. Ahora toca el turno de hablar de la armonización fiscal, que a primera vista tiene todo su sentido si se refiere a la aspiración de que los españoles paguen los mismos impuestos independientemente de la comunidad en la que vivan. Pero esto, que tiene su sentido, choca de bruces con la realidad de que en la España actual es imposible, empezando por las competencias que otorga la propia Constitución a las comunidades autónomas respecto a su financiación y al cobro de determinados impuestos y a la existencia de los derechos forales en el País Vasco y Navarra.
El diputado y portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, puso como condición a su apoyo y al de los 13 votos de su formación a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 que se iniciase un plan de armonización fiscal que acabara con el «dumping fiscal» de Madrid, especialmente por lo que se refiere al impuesto de Patrimonio o, llegado al caso aunque no se mencione, al tramo autonómico del IRPF.
El 'dumping' fiscal es un anglicismo que se podría traducir como competencia desleal y que define a aquellos territorios (países, regiones, etc.) que aplican beneficios fiscales mediante deducciones de impuestos o bonificaciones con el fin de atraer a empresas y personas. En el caso del impuesto de Patrimonio, Madrid no estaría haciendo 'dumping' porque esas bonificaciones están reconocidas y otorgadas por ley a todas las comunidades autónomas. Es otro caso de desinformación que nace de los partidos políticos y del propio Gobierno. Una falsedad repetida mil veces se convierte en una verdad. Y todo ello mientras la mayoría de la población desconoce qué es eso del 'dumping' fiscal.
Cierta armonización fiscal tiene sentido, pero no se trata de esto. Se trata de que lo que Rufián pide y Sánchez respalda es que se impida un modelo de baja presión fiscal a favor de la subida de impuestos. Esa es la cuestión. ¿Armonizar teniendo a Madrid como referencia o a Cataluña? Si se recurre a los datos objetivos, el PIB y la renta per cápita de ambas comunidades son similares, aunque Calaluña tiene una deuda del 33,4% del PIB frente al 14% de Madrid. Los ingresos por impuestos de Madrid alcanzan los 12.077 millones frente a los 11.752 millones de Cataluña, a pesar de la mayor presión fiscal que sufren los catalanes. Ello invita a pensar que el problema no es de 'dumping fiscal', sino de buena o mala gestión económica.
Llama la atención que la comunidad peor gestionada de España y con la mayor corrupción sistémica (basta recordar las mordidas institucionales del 3%) pretenda que el resto de comunidades asuma su modelo. De locos.
El gran problema de la armonización fiscal que pregonan Rufián y Sánchez es lo que no se cuenta: el riesgo de un plan para empobrecer a los ciudadanos a través de una subida generalizada de impuestos para así engordar aún más la administración del Estado y de las comunidades autónomas. Esta es la peligrosa deriva de este debate que bajo una apariencia de servicio público esconde una pésima gestión.
La sanidad de Cataluña es una de las peores de España según el informe de 'Los servicios sanitarios de las CCAA 2019' y es la comunidad con menor inversión en sanidad por habitante (1.192 euros). Y eso que es la comunidad autónoma con mayor presión fiscal de España. Es decir, algo falla y no son, precisamente, los impuestos. Quizá el problema de Cataluña es la gestión o el desvío permanente de fondos para su afán secesionista. Sería indignante que, además, el resto de los españoles tuviéramos que pagar los platos rotos de la gestión del independentismo catalán a través de una subida de impuestos en Andalucía, Extremadura, Galicia o Castilla-León.
Además, no está demostrada la relación entre presión fiscal y calidad de servicios públicos. Quizá la relación directa está en la financiación del Estado a las comunidades y quizá por ello las comunidades beneficiadas por el cupo vasco son las que tienen mejores servicios. Y, entre ellos, la mejor sanidad. La mejor armonización fiscal sería acabar con los privilegios vascos, pero de eso nadie quiere hablar. Vayan a enfadarse los socios del PNV y Bildu.
Con todo esto, lo importante es no dejarse engañar por el relato político. Si se recurre a la objetividad de los números y al análisis de la gestión se desmorona el discurso de que los mejores servicios públicos se garantizan con impuestos altos. No es así. Ni siquiera los impuestos bajos garantizan lo contrario, como demuestra que, según el mismo informe, la sanidad de Madrid esté catalogada como deficiente. El quid de la cuestión está en la gestión.
Andalucía emprendió hace años el camino de la racionalización de los impuestos con la limitación del de sucesiones en la etapa de Susana Díaz y con un plan de rebaja progresiva del tramo autonómico del IRPF con el Gobierno de Moreno Bonilla. La Constitución Española ampara también la política fiscal autonómica y su capacidad para decidir en los tramos, tasas e impuestos que le permite la Ley, por lo que no tiene sentido una intromisión del Estado que no sea fruto de una decisión consensuada y acordada por todas las comunidades autónomas.
El sentido común avala el sistema impositivo para garantizar los servicios públicos y el Estado del Bienestar, así como la progresión de los mismos en función de los ingresos, pero ello no significa manga ancha para la voracidad del Estado, caracterizado por el despilfarro y su incapacidad para frenar el endeudamiento del país. España necesita buenos gestores, personas capaces de construir un modelo económico solidario, eficaz, competitivo y sostenible. Pero, en cambio, tenemos representantes sin formación que en nombre de sus delirios políticos están llevando este país a la ruina.
El modelo se conoce porque es el que construyó la España actual, con un importante peso público pero con la participación del sector privado como motor y locomotora del empleo y la riqueza. Poner en riesgo este sistema es la mayor de las irresponsabilidades, porque conduce al deterioro público y al empobrecimiento de los ciudadanos.
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