¿Eficiencia o derribo del Estado?

La fiebre por una supuesta eficiencia a ultranza en el sector público se ha desatado en Estados Unidos, bajo la égida del DOGE (Department of Government Efficiency), encomendado a Elon Musk y Vivek Ramaswamy. En enero de este año, Donald Trump dictó una orden mediante la que se establecía ese departamento con el propósito de «implementar la Agenda DOGE del Presidente, a través de la modernización de la tecnología y del software federales a fin de maximizar la eficiencia y la productividad gubernamentales». Poco más tarde, en febrero, otra orden presidencial venía a iniciar «una transformación en el gasto federal sobre contratos, ayudas, y préstamos para asegurar que el gasto público sea transparente y los empleados públicos rindan cuentas ante los ciudadanos estadounidenses». La primera tarea del DOGE es completar una auditoría completa de todo el gasto público federal.

Aun cuando velar por el uso adecuado de los recursos públicos deba ser un mandamiento indeclinable en la esfera del sector público, las actuaciones promovidas por los responsables 'dogianos' no destacan por la delicadeza de las formas, ni por el sosiego en la evaluación de las medidas a adoptar, y tampoco por la mesura en los objetivos de ahorro de gastos. El DOGE se ha marcado como meta reducir el gasto público en la abrumadora cifra de 2 billones de dólares, cerca de un 30% del gasto federal. Para abrir boca, el 22 de febrero, todos los empleados federales civiles (unos 2,3 millones de personas) recibieron un email de la Oficina de Gestión de Personal mediante el que se les requería que contestasen, en un plazo de 48 horas, indicando las principales tareas que hubiesen realizado la semana anterior. Musk manifestó su convencimiento de que algunos empleados públicos realizaban tan poco trabajo que no estarían en absoluto pendientes de su correo, y llegó a decir que quienes no contestaran se entendería que habían renunciado a su puesto. Por otro lado, se han lanzado cifras consideradas desmesuradas y absurdas, al proclamar, por ejemplo, que hay millones de personas fallecidas recibiendo prestaciones sociales. Los contratos con las empresas de consultoría (cerca de 20.000 millones de dólares en 2024) constituyen otro de los principales focos de atención.

La implacable 'motosierra muskiana', como era de esperar, no ha despertado un gran entusiasmo en bastantes sectores. Aparte de cuestionarse que un mero asesor presidencial pueda dirigir una agencia pública, se destaca que el margen de maniobra para posibles ahorros es muy limitado, toda vez que el grueso del gasto federal se destina a pensiones, atención sanitaria, defensa e intereses de la deuda. Más allá de las cifras de gasto, analistas como Martin Wolf o Anne Appelbaum señalan que no se hace más eficiente un sistema complejo como el sector público «despedazándolo al azar», y que lo que, en realidad, se persigue es «sustituir a auténticos servidores públicos por acólitos». Por otra parte, se esgrime que los recortes aplicados están poniendo en riesgo la solidez del sistema de información estadística.

La posición es claramente divergente de la mantenida por los partidarios del DOGE, que opinan que este es «un paso decisivo en el liderazgo del Presidente Trump hacia la responsabilidad fiscal para combatir los cerca [ya más] de 36 billones de dólares en deuda insostenible». El saldo de esta, que va aumentando cada fracción de segundo, es recordado por el contador que encabeza la página web del Comité Presupuestario del Congreso estadounidense. Recientes estudios estadísticos concluyen que, en los países de la UE, hay un amplio margen de mejora de la eficiencia pública, en los dos sentidos indicados, entre un 12% y un 46%. El logro de una mayor eficiencia es un propósito legítimo, pero su avance, y su freno, se ven ineluctablemente afectados por potentes sesgos ideológicos.