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Miércoles, 17 de julio 2024, 02:00
El Tribunal Constitucional ha resuelto estimar parcialmente los recursos de amparo elevados por los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán contra su condena por parte de la Audiencia de Sevilla y el Supremo en el caso de los ERE. ... Con la orden a la primera de que dicte una nueva sentencia atendiendo a los criterios expuestos por el pleno de la corte de garantías por siete votos contra cuatro. El TC considera que la elaboración de anteproyectos y proyectos legislativos por los gobiernos puede dar lugar a contenidos que merezcan el reproche de inconstitucionalidad pero sin que en ningún caso deban considerarse delictivos ni estar sujetos a «control judicial». Lo que limita la causa a aquellos que, en niveles inferiores de la Junta andaluza, fueron acusados por el uso de transferencias de financiación para el pago de ayudas sociolaborales mediante el denominado «programa 3.1 L». Para la mayoría del TC ni la acción del Gobierno de Chaves podía ser juzgada más que por el propio Constitucional, ni el supuesto de que Griñán estuviera al tanto del destino último de ese programa fue probado como para sostener un veredicto judicial de culpabilidad. Al primero le ampararía el derecho a la legalidad penal y al segundo, también, a la presunción de inocencia.
Uno de los casos de corrupción más sistémicos, socializados y duraderos en España, los ERE de Andalucía, se ha ido deshilachando en el TC. Hasta el punto de que, por momentos, parecería que no hubo una utilización fuera de la ley de casi 680 millones entre 2000 y 2009, a 68 de media por año. De hecho, solo se han recuperado 27. Y del mismo modo que la doctrina establecida por el Constitucional exime parcialmente de responsabilidad a Chaves y Griñán sin entrar a pronunciarse sobre el fondo del ilícito, quienes administraron de forma fraudulenta esas partidas podrán alegar que lo hicieron convencidos de que era eso lo que se esperaba de su diligencia. Si no fue constitucional que Chaves y Griñán acabasen tratados por los tribunales que los condenaron con tal severidad, habrá quien piense que aquella injusticia está en la raíz de la brusca alternancia política que vivió Andalucía tras tantos años de hegemonía socialista. Es lo que han sugerido distintas voces, entre ellas las de personas involucradas en los ERE. De modo que el caso podría acabar situándose entre un desliz en absoluto deliberado y la negación misma de que se hubiese cometido un delito continuado con tantos partícipes beneficiados.
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