Por la dignidad de las Cortes

Como era de esperar, pero con menos pataleos y ruido que en mayo, el trámite de juramento/promesa de acatamiento de la Constitución de los diputados y senadores de la XIV legislatura ha vuelto a convertir al templo de la soberanía nacional en una jaula de grillos. El abanico de variantes del lacónico 'si/no' ha sido amplio (entre otras, apelando a España, Cataluña, el planeta, las Trece Rosas, los presos políticos, el mandato del 1-O, la república vasca o la más veterana «por imperativo legal»). ¿Ayuda este guirigay a la necesaria solemnidad que debe presidir la toma de posesión de nuestros representantes? Yo creo que no, y lo peor del asunto es que se podría evitar con sentido común y sin menoscabo de las legítimas opciones políticas de cada cual. La solución no pasa por la anulación (como plantea el PP) de la adquisición de la condición de parlamentario de aquellos que ejercen tanta 'imaginación' a la hora de la toma de posesión, ya que el Tribunal Constitucional ha avalado en su jurisprudencia otras variantes parecidas respecto a la fórmula oficial, a lo que cabe añadir el cuestionamiento del requisito por el abogado general ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus conclusiones generales en la cuestión prejudicial sobre la inmunidad de Oriol Junqueras (que no hay que descartar que sean asumidas por este tribunal europeo). Si lo que queremos es ahorrarnos este habitual y poco edificante espectáculo, cabe plantearse ¿para qué sirve el trámite de juramento/promesa de acatamiento de la Constitución? La respuesta, en mi opinión, es clara: para nada. ¿Vale la pena mantener este ritual que no añade garantía jurídica alguna? Los requisitos elementales para que un ciudadano adquiera la condición de diputado o senador son el respaldo por el cuerpo electoral en número suficiente para ganar escaño y que la Junta Electoral verifique esos resultados y los proclame candidatos electos. Son los reglamentos del Congreso y del Senado los que han añadido, entre otros, la exigencia del juramento/promesa, lo que posibilita una reforma en el sentido de suprimir este trámite que solo da problemas y ninguno resuelve.

El juramento tiene su origen en la ordalía, una forma de juzgar 'a lo bestia', donde el acusado pone a Dios como testigo para demostrar su inocencia caminando descalzo sobre brasas o lamiendo un hierro candente: si dice la verdad, Dios le ayudará, y si se quema (como era previsible), está mintiendo. El juramento moderno (y la promesa, su versión laica) civiliza ese bárbaro origen, pero su exigencia legal es polémica (como se ha comprobado) e innecesaria, ya que, les guste o no, para los cargos electos acatar la Constitución no es una opción a gusto del consumidor y que se pueda jurar o prometer: es una obligación («Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», art. 9 CE). La supresión que propugno creo que fortalece la dignidad de las Cortes (que es la nuestra), y además nos podría ahorrar crispación, de la que andamos bien servidos en España en estos momentos.