Diálogo, pero sin trampas

Es bien sabido que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, en especial si dejan rastro por escrito. Y por escrito dejaron patente PSOE y ERC un acuerdo político el pasado 2 de enero, el mismo que desbloqueó la investidura del Sr. Sánchez como presidente del Gobierno. Se asume un término, conflicto político, que entiendo que no encaja en la realidad de lo que pasó en Cataluña con el proceso secesionista de otoño de 2017. El conflicto político forma parte consustancial de la democracia en un ordenamiento como el nuestro, que recoge, en sus principios, el del pluralismo político (art. 1 CE). Pero que un gobierno y una mayoría parlamentaria, mediante declaraciones y leyes, y con desobediencia manifiesta a los tribunales, provoquen una ruptura con el orden constitucional, es un conflicto jurídico. Por eso también resulta inquietante a la par que inoperante ese llamamiento del acuerdo firmado para superar la judicialización del conflicto, ya que defender la legalidad ante los tribunales no es una opción para el Gobierno, es una función que le impone la CE en su art. 97: la «defensa del Estado», y este no es otro que el definido en la CE, basado en la unidad de España y el reconocimiento de la autonomía política y la solidaridad (art. 2), sin concesiones a la asimetría (art. 138.2: «Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales») ni a la desigualdad (art. 139: «Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado»). ¿Puede cambiar este modelo? Por supuesto, pero solo mediante los cauces de reforma previstos en la propia CE (art. 168), que culminarían, en su caso, con un referéndum de todo el pueblo español para su ratificación (que no cabe confundir con la consulta que se recoge en el acuerdo). Y si preocupante es lo que se dice, también lo que se omite: ninguna referencia a la CE, solo un enigmático «marco del sistema jurídico-político».

El diálogo nunca es malo, al contrario, nos ayuda a comprender, e incluso aprender, de quienes discrepamos, pero si se parte de premisas falsas, mal andamos. Para ninguno de los pueblos de España existe un «derecho de autodeterminación» (entendido como derecho a promover y consumar su secesión unilateral del Estado en el que se constituye España). Cuando el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos proclama que «Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación», lo hace en los términos acotados por las resoluciones de las Naciones Unidas: pueblos sometidos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras. No es el caso.

Creo que se equivoca el presidente del Gobierno cuando afirma que la ley «por sí sola» no «basta» para solucionar el conflicto catalán. La solución está en las leyes, que no surgen de la nada, sino de los mandatos del pueblo representado en los parlamentos. Como advierte Locke: «Allí donde termina la ley empieza la tiranía».