La cifra emerge especialmente cuando otro gran naufragio conmociona a Europa y cuando se impone más mano dura contra la migración. Precisamente organismos internacionales y ONG insisten en que las decenas de personas fallecidas en el Jónico el miércoles pasado son «muertes evitables».
Sin embargo, la retórica oficial pasa por culpar en exclusiva a las mafias o redes criminales que organizan los peligrosos viajes. Esta nueva tragedia llega pocos días después de que los ministros del Interior de la Unión Europea desbloquearan un avance en el pacto de Migración y Asilo, encallado durante toda la legislatura y que podría acordarse durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea que comenzará en julio. Aunque el acuerdo asienta ya políticas restrictivas en cuanto a acogida y reparto de solicitantes de asilo, detenciones y deportaciones de migrantes, los países más conservadores, Polonia y Hungría, ya han mostrado su rechazo al acuerdo por considerarlo laxo. Sin embargo, el acuerdo ha sido apoyado por Italia, principal receptor de migrantes de Europa. Pero la mano dura contra las personas migrantes avanza para encontrar un encaje legal que además sirva a una extrema derecha en auge. Aunque ya hace tiempo que la política migratoria europea rema en esa dirección con acuerdos y financiación a diferentes países de corte autoritario –Libia, Marruecos, Turquía y ahora Túnez– para que controlen o bloqueen a las numerosas personas que cada año zarpan desde su territorio hacia los países del sur europeo.
Evitar esos viajes catastróficos es una quimera. El naufragio de este pasado miércoles es un buen ejemplo. El desvencijado pesquero zarpó desde la costa este de Libia con rumbo a Italia, cuando la ruta más habitual desde Libia es la de Mediterráneo Central, ahora bajo fuerte vigilancia y control de la Guardia Costera libia financiada por la UE. En el caso del naufragio en Italia del pasado febrero, la embarcación zarpó desde las costas de Turquía, pero se aventuró durante cientos de millas hacia aguas de Italia para esquivar a las autoridades de Grecia.
En este contexto hay que recordar que el número de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares y sus países para huir de la violencia ha superado los 100 millones, un hito triste y una llamada de atención. La guerra de Ucrania, que ha obligado a catorce millones de personas a desplazarse desde las zonas en las que vivían a otras partes del país o a los países vecinos, así como otros conflictos bélicos o el impacto del cambio climático, ha elevado el número hasta una cifra nunca alcanzada antes. Cien millones es una cifra cruda y alarmante que debe servir como una llamada de atención para resolver y prevenir conflictos destructivos y abordar las causas subyacentes que obligan a personas inocentes a huir de sus hogares. Según nuevos datos de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la cantidad de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo aumentó a 90 millones a fines de 2021, impulsada por nuevas oleadas de violencia o conflictos prolongados en países como Etiopía, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afganistán y la República Democrática del Congo. Además, la guerra en Ucrania ha desplazado este año a ocho millones de personas dentro del país y ha obligado a refugiarse en los países vecinos a más de seis millones. Esta cifra supone más del 1 por ciento de la población mundial. Es decir, al menos una de cada cien personas se ha visto obligada, durante 2021 y 2022, a abandonar su hogar o su país. A lo largo de 2022, un total de 118.842 personas solicitaron asilo en nuestro país, convirtiéndose España de nuevo en el tercer país europeo con más peticiones, solo por detrás de Alemania y Francia.
Las ONG nos congratulamos de que la respuesta internacional a la crisis provocada por la huida masiva de ucranianos haya sido positiva, pero necesitamos una movilización similar para el resto de crisis del mundo. La ayuda humanitaria es un paliativo, no una cura. Para revertir esta tendencia la única respuesta es la paz y la estabilidad para que personas inocentes no se vean obligadas a elegir entre un peligro en casa o un exilio precario y crear vías legales y seguras para los migrantes o solicitantes de asilo que buscan refugio en Europa.
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