Desencuentro empobrecedor

España ofrece la seguridad jurídica precisa y homologable a los países de nuestro entorno, como afirmó Rafael del Pino ante la junta de Ferrovial. Un marco de garantías que contempla también la eventualidad de que empresas y empresarios recurran a los tribunales ante medidas tributarias u otras que consideren irregulares y lesivas para sus intereses. Pero hay otra dimensión, la del relato, que el autodenominado Gobierno de progreso debería administrar con mayor cuidado. El sistema capitalista y la sociedad abierta dan lugar a contradicciones y conflictos. Es el entorno que nos hemos dado, siempre perfectible pero sin que exista otro alternativo que no vaya asociado a mucha menor libertad y mucha más pobreza. La evocación continua de la lucha de clases desde el poder político constituye un sinsentido populista. No es bueno que los miembros del Consejo de Ministros alternen e incluso simultaneen su papel institucional con la portavocía de una determinada ideología, sacando a empresas y empresarios del círculo pretendidamente exclusivo del interés común. Un Gobierno no puede conceder ni quitar representatividad a las organizaciones llamadas al diálogo social porque eso sometería su existencia a la alternancia política. Es necesario que el Ejecutivo y las empresas mejoren su relación antes de que acabe la legislatura.