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Nunca olvidaré las charlas que de niño tenía con un entrañable zapatero que ejercía su oficio frente a la tienda de mis padres en la malagueña calle Trinidad. Ahora a mis hijos les sería difícil mantener estas conversaciones debido a que este oficio, junto a ... otros, está en peligro de extinción. Ya no se repara casi nada. La pregunta de si es mejor la reparación o al contrario, nos conviene la compra de un bien nuevo, casi siempre se responde teniendo en cuenta criterios de conveniencia económica, la durabilidad, la disponibilidad y proximidad de un servicio de reparación, sin que se deba desdeñar el tiempo necesario para la reparación. Son variados los obstáculos para optar por la reparación, pero creo que debemos cambiar de registro ante las cifras que puso sobre la mesa la CE en 2023, destacando que una parte importante de los productos desechados pueden repararse, y su eliminación prematura genera 35 millones de toneladas de residuos, otras 30 de recursos y 261 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero en la UE cada año. Si esto no fuera suficiente para adoptar medidas (que lo es), los costes para nuestros bolsillos se calculan en casi 12 000 millones al año.
Este panorama desolador para el medio ambiente y la economía es consecuencia de los muchos obstáculos que día a día nos disuaden para optar por las reparaciones (en especial, el tiempo, la falta de transparencia o el difícil acceso a los servicios de reparación). Poner coto a este derroche de recursos exige afrontarlo con medidas por el lado de la oferta con la propuesta de reglamento para fijar requisitos de diseño ecológico para productos sostenibles. Por el lado de la demanda, la reciente Directiva (UE) 2024/825, tiene por objeto una mejor información a los consumidores sobre la durabilidad y la reparabilidad de los bienes en el punto de venta, con vistas a que adopten lo que decisiones de compra sostenibles. Y para cerrar el círculo, el derecho a reparar. Espero que pronto se apruebe la propuesta de Directiva que establece normas comunes que entre otros aspectos recoge la obligación de reparación del fabricante (y el consiguiente derecho del consumidor a la reparación), de determinados bienes, a un precio y plazo razonable.
Aunque se limitarán a determinados bienes, estas normas pueden ser un paso decisivo para superar una economía lineal derrochadora frente a una economía circular que impulse el aprovechamiento de los recursos y ponga de nuevo en valor la reparación. En cierta medida implica retomar usos y costumbres inteligentes que desde tiempo inmemorial ha permitido avanzar aprovechando lo existente, con las debidas reparaciones, más que lanzarnos a la producción, consumo y desecho, que tanto mal hace a nuestro medio ambiente. Puede que oficios casi perdidos adquieran nueva adquieran nueva vida en una sociedad más sostenible, y por tanto, mejor para todos.
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