El derecho no es un chicle

La aplicación del derecho no sigue el automatismo propio de una cadena de montajes de coches donde la inteligencia humana pueda ser sustituida en sus aspectos más complejos (que son la mayoría) por el descarnado razonamiento de la aritmética. Siguiendo con la jerga ingenieril, el derecho, en su formación, interpretación y aplicación, debe someterse al cálculo de su estructura y definir la elasticidad y resistencia del material normativo, y todas esas tareas le corresponden al legitimado para ello: el legislador. Una vez publicada en los boletines, la norma ya es cosa de todos, y los peritos en leyes deben dictaminar sobre el alcance de tal o cual concepto o las consecuencias de una u otra decisión, y entre esos expertos, los jueces tienen la última palabra juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado (art. 117 CE). Por todo lo anterior, hay que dejar trabajar a la Abogacía del Estado (AE) para que emita con serenidad el escrito de alegaciones que le ha pedido el TS sobre la sentencia del TJUE en el 'caso Junqueras'. No ayuda a ello las ocurrencias de algunos dirigentes políticos, como es el caso del Sr. Casado cuando afirma: «El problema es que la Abogacía es un cuerpo jerárquicamente dependiente del señor Sánchez». Esas cosas pasan por ¿estudiar? Derecho al galope, ya que no fue a clase cuando se explicaba aquello de que «la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de jerarquía» (art. 103 CE), consagrando el texto constitucional la compatibilidad del principio de jerarquía (tienen que hacer los informes que se les ordene) con el de objetividad (tienen que hacerlos conforme a derecho y a su leal saber y entender, que en el caso de los abogados del Estado es amplio). También resultan llamativas las declaraciones de la Sra. Arrimadas, que acusa a Sánchez de «tener una Abogacía del Estado presionada para actuar como el abogado de Junqueras». Qué poca proporcionalidad y cuánta hipérbole destilan estas palabras, que al final hacen justo lo que critican: presionar a la AE para que digan lo que quieren escuchar, considerando cualquier conclusión distinta como apoyo a los independentistas. Podemos recordar a tal efecto lo que soltaron por esa boquita cuando la AE acusó en el 'procés' por sedición y no por rebelión, postura que finalmente recogió la sentencia del TS.

Por el otro lado, el Sr. Iglesias sigue con la retahíla de los 'presos políticos' y tampoco ha estado fino el Sr. Iceta cuando al comprobar que varios estatutos de autonomía recogen el término 'nacionalidades' afirma de forma lapidaria: «Nación y nacionalidad son sinónimos». Pues no es así, caballero. Debe reparar el dirigente socialista en el art. 2 CE: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española... y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran...». Y la traca la pone el Sr. Puigdemont: «Hay que cumplir las leyes». ¿La CE y las leyes españolas qué son, farolas? Vaya morro. En fin, esto del derecho no se despacha siempre con una posición unánime e incuestionable, pero tampoco con el socorrido chascarrillo de que cada abogado tiene su propia ley. El derecho no es acero, pero tampoco es un chicle del que se pueda tirar hasta llevarlo a lo que a cada uno le conviene, ya que pierde su función, y, además, se rompe.