Deportaciones y poder absoluto

Para llevar adelante su cruzada contra la inmigración, el presidente de Estados Unidos ni se molesta en activar un Congreso a su servicio para reformar ... leyes demasiado garantistas para su propósito. Donald Trump desempolva una norma de 1798 para declarar «enemigos extranjeros» a venezolanos mayores de 14 años que su Administración considere miembros de la organización criminal Tren de Aragua, un grupo previamente declarado «terrorista» y al que acusa de impulsar una «invasión» del territorio estadounidense. Con estos mimbres y sin el debido proceso, EE UU deportó el sábado a unas 250 personas a El Salvador, a pesar de la orden verbal en contra dictada por un juez federal de distrito que incluso exigía el regreso de un avión en vuelo. Una decisión judicial «ilegal», según el acreditado criterio de la portavoz de la Casa Blanca, y de la que se ríe públicamente el presidente salvadoreño. Nayib Bukele colabora entusiasmado en la operación de propaganda que le ayudará a financiar su macrocárcel. Mientras la opinión experta duda de que Trump disponga de amparo legal para expulsiones masivas, manda el ejercicio desvergonzado del poder presidencial absoluto.