Delirios antidemocráticos

Nuestro sistema electoral responde al modelo instaurado en 1977, y asumido por la vigente Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Las Juntas Electorales (constituidas por mayoría de jueces y magistrados) se constituyen después de la convocatoria electoral, y protegen la limpieza del proceso, desde la proclamación de las candidaturas hasta la de los electos tras el recuento de los votos. Somos millones los electores en unas elecciones, y sin embargo, los recursos contenciosos electorales son escasos y con poco éxito. Algo tendrá que ver que los miembros de las mesas electorales son elegidos por sorteo, que son ellos los que garantizan a pie de urna que nuestro voto sea personal, libre y secreto, y los que hacen el recuento una vez terminada la votación (con presencia casi siempre de apoderados e interventores de las candidaturas). Y, de forma provisional, son ellos los que recogen los resultados en un acta, entregadas en sede judicial en un sobre cerrado y firmado. Estos resultados constan también en las copias de actas que tienen las fuerzas electorales, y que pueden comprobar en el escrutinio oficial y definitivo, competencia de juntas electorales competentes. ¿Se puede comprar a miles de vocales de las mesas y a centenares de miembros de las juntas electorales? ¿Es posible una maquinaria formidable de fraude electoral, con todas estas garantías jurídicas? Mezclando delitos como la compra de votos por correos (debidamente investigados por policías y jueces), con un eventual «pucherazo» para mantener a un partido en el poder, se pretende cuestionar sin base alguna la legitimidad de los elegidos. Los ejemplos de EE UU y Brasil deberían poner coto a estos delirios antidemocráticos.