En defensa de lo público... y de lo privado

Quiero decir con todo ello que modelo más eficaz y beneficioso para los ciudadanos es aquel capaz de combinar con equilibrio y éxito la participación pública y la privada en la que todas las partes implicadas ganen: el ciudadano, con un mejor servicio; la administración pública, con rentabilidad social, y las empresa privadas, con beneficio económico razonable.

Ocurre sin embargo que este análisis o debate está permanentemente politizado bajo el discurso de que todo lo público es bueno y lo privado malo, a pesar de que desde hace décadas el modelo híbrido está instalado en España, yo diría que con éxito, en la sanidad, la educación y la asistencia social, tanto con gobiernos del PSOE, del PP y de partidos nacionalistas en el País Vasco o Cataluña. De hecho, Andalucía ha tenido hospitales concertados con gestión privada durante todos los gobiernos del PSOE, sin que ello haya significado una discriminación para las poblaciones de Cádiz o Sevilla en las que se aplicaba este sistema.

Si hablamos de sanidad, por ejemplo, el sistema público de salud colapsaría sin la existencia de la sanidad privada. De lo que se trata, entiendo, es de que la administración pública mantenga absolutamente la gestión de la sanidad, de las 'batas blancas', pero luego pueda apoyarse en entidades privadas para mejorar el servicio, reducir listas de espera y agilizar determinadas pruebas. Se trata de ganar eficacia sin que lo público pierda ni un ápice de control y garantice la universalidad y gratuidad (se financia vía impuestos de los ciudadanos) de la atención. España, y en este caso Andalucía, tiene uno de los modelos más sensatos frente a anomalías de los extremos, bien por la implantación casi exclusivo de la sanidad pública o el predominio de la privada.

En educación pasa algo parecido. ¿Por qué las mejores universidades del mundo son privadas? Porque generan enormes inversiones privadas para investigación y transferencia de conocimiento. La educación pública es esencial en cualquier sociedad, pero ello no impide que conviva con modelos mixtos —bien con centros concertados o con centros privados— capaces de aportar valor añadido. Por ejemplo, la Formación Profesional privada cubre la falta de plazas de la pública y evita que cualquier joven se quede excluido. Además, son miles los alumnos que se forman en centros privados gracias a las becas públicas. El resultado es que se garantiza así la cobertura universal, que entiendo que es lo importante.

Y en la asistencia social ocurre más de lo mismo: ¿qué ocurriría en este país sin el trabajo de cientos de ONG o de la actividad de Cáritas y otras entidades de la Iglesia? Por ello tiene sentido la colaboración público-privada, para asegurarse de que el necesario sistema público de atención a desfavorecidos no colapsa.

Podríamos hablar también del campo de la investigación, del deporte base, del acceso a la vivienda y de tantos y tantos servicios en los que el Estado ni puede ni debe llegar hasta el último rincón. Si un país consigue interiorizar el valor indiscutible de la estructura pública y la valiosa aportación del entorno privado para fortalecer el Estado del Bienestar logrará construir un modelo que, realmente, no deje a nadie atrás y, lo más importante, sea sostenible. Hay que estar vigilantes, eso sí, para que ninguna de las dos partes caiga en la tentación de suplantar a la otra.

Siempre digo que la brecha educativa y social no se combate con una enseñanza obligatoria y universitaria gratis para todos, hasta para los súper ricos. Y que sólo podremos acercarnos a la igualdad cuando cualquier joven, sea del barrio que sea, pueda elegir estudiar ICADE en Comillas y completar su formación con un MBA privado en Harvard o en el MIT gracias a la cobertura pública.

La sociedad quiere servicios eficaces, de calidad y accesibles para todos sin que la mayor o menor capacidad económica cree ciudadanos de primera y de segunda. Esa debiera ser la aspiración, tanto para un dirigente de izquierdas, de derechas o de centro. Lo contrario es sólo política.