Cuaresma constitucional

Hemos conocido esta semana que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha plantado cara al Tribunal Constitucional ante la maniobra de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, para impedir que ese órgano judicial pudiera recurrir a la Justicia europea las sentencias del Constitucional en el caso ERE. El conflicto viene de lejos. Le han echado incienso al mal olor de la sentencia propiciada por Don Cándido, que anulaba parcialmente las condenas por malversación y prevaricación que impusieron la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo a los antiguos responsables políticos del caso ERE. Contó con los votos a favor de los siete magistrados elegidos a propuesta del PSOE. El Gobierno está obligado a pagar con monedas en tipo de sentencias, a los propios y a los extraños que propiciaron su investidura. Desactivando las sentencias que dictaron los jueces y tribunales, la mayoría progresista que controla el Constitucional borró delitos de prevaricación y malversación por el reparto de manera arbitraria de casi 680 millones de euros de la Junta de Andalucía. Después vendrá todo lo relacionado con la amnistía a los golpistas catalanes.

Los magistrados sevillanos no han querido practicar el silencio litúrgico de un Parlamento empeñado en mantener una legislatura imposible. Entendieron que debían dirigirse a la Justicia europea para desoír las sentencias que diluyeron la pieza política del caso de los ERE. Argumentaron, entre otros motivos, que el Constitucional «se ha extralimitado en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar (...) la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizado por la Audiencia y el Tribunal Supremo». Ante tal despropósito, la Audiencia quiere que la Unión Europea evalúe si la sentencia es compatible con las obligaciones internacionales de lucha contra la corrupción. Y ahí se ha desatado la tempestad. Cándido con toda su vanidad a cuestas, no ha soportado que unos jueces de provincias le acusen nada menos que de extralimitarse en sus funciones y no ha querido portar la túnica que le han tejido, No quiere visitar ninguna de las estaciones del vía crucis que le han diseñado. La actitud de Conde-Pumpido recuerda peligrosamente a las prácticas del anterior gobierno polaco, que sancionó a jueces por plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia Europeo.

Estos días de cuaresma constitucional que los jueces sevillanos le han regalado a don Cándido, pueden ayudarle a descubrir que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de los ciudadanos y una garantía para su libertad.