Convivir con las viviendas de uso turístico

Es cierto que Málaga vive fundamentalmente de la industria del turismo. Y no es menos cierto que en los dos últimos años hemos visto un crecimiento exponencial en cuanto a la oferta de plazas de viviendas de uso turístico (VUT), llegando a superar, en algunos municipios, a las hoteleras.

Tenemos que ser conscientes de que, probablemente, gracias a la irrupción de esta nueva oferta de alojamientos, han surgido nuevos turistas que, quizás, no hubiesen venido ni a Málaga ni a su provincia si no llegan a existir las VUT, bien por no poder pagar los precios de los hoteles o bien porque, simplemente, no hay suficiente oferta para alojarlos.

Deberíamos asumir que este tipo de turismo, acompañado de esa oferta, ha llegado para quedarse. Algo similar ocurre, por ejemplo, con plataformas tipo Uber y Cabify, que a pesar de las protestas de los taxistas también han llegado para quedarse, y no porque las autoridades no le pongan cortapisas, sino porque el usuario es el que tiene la última palabra, y estos han decidido que es una alternativa al taxi, como las VUT son una alternativa a los hoteles. Ahora bien, tanto en un caso como en el otro se hace necesario que todos jueguen en la misma liga, que todos cumplan con las normas que se establezcan, y que las normas sean similares para unos y para otros.

A diferencia de las plataformas de transporte, las VUT no solo afectan al 'bolsillo' de la competencia, sino que también tienen su repercusión en la convivencia en las comunidades de propietarios en las que se encuentran, y esto es lo que tenemos que conseguir que no siga ocurriendo. Llevamos avisando de que había que tomar medidas desde que se inició este auge hace dos años. Surgió el problema y ninguna de las administraciones competentes supo actuar a tiempo; el Gobierno echaba la pelota al tejado de las comunidades autónomas, y éstas, que son las competentes en materia de turismo, han intentado derivar el problema a los ayuntamientos. Al final, unos por otros, la casa sin barrer.

Hubo intentos por parte de las administraciones de hacer entender a la ciudadanía que las comunidades de propietarios podrían vetar que se dedicasen las viviendas pertenecientes a las mismas a uso turístico. Pues bien, esto se ha demostrado que no era posible, ya que hasta ahora, y hasta que no se modifique la Ley de Propiedad Horizontal, para la modificación de los estatutos de una comunidad de propietarios es necesaria la unanimidad, unanimidad que es lógico que no se alcance en cualquier comunidad de propietarios en la que uno de ellos tenga o piense que puede dedicar su vivienda a uso turístico, y así se produce lo que vemos como una injusticia, que no es otra cosa que un solo propietario pueda condicionar la vida tranquila de toda una comunidad.

Ha sido el anuncio de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, el que ha hecho que algunos nos felicitemos. Parece que el Ejecutivo va a intentar solucionar el problema que va creciendo exponencialmente, que parece que algunos no ven y que a los despachos de los administradores de fincas nos llega a diario. Me permito poner un ejemplo de primera mano: en una comunidad de Torremolinos una usuaria de un apartamento de uso turístico llega a las 4 de la madrugada en estado de embriaguez, y como no recuerda cuál es el apartamento que ocupa, no tiene otra cosa que hacer que llamar en el portero electrónico de todos los vecinos, despertando a varios y, tras insistir, la presidenta de la comunidad, una señora de 75 años, tuvo que salir a recibirla y acompañarla a su apartamento.

Lo que pretende el Gobierno no es otra cosa que dotar a las comunidades de propietarios de un marco legal para que sea una mayoría cualificada (3/5 partes de los propietarios) la que decida si en su comunidad puede o no haber viviendas dedicadas al uso turístico. Y digo que nos felicitamos porque es totalmente necesario que se aprueben medidas que garanticen el equilibrio entre el derecho de los vecinos a disfrutar de sus viviendas sin más molestias que las de la normal convivencia, que no son pocas, y el libre ejercicio del derecho de propiedad de los arrendadores. Es por ello por lo que desde el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas se respalda la propuesta, no sin haber presentado al Gobierno, en la primera reunión que se ha convocado después de anunciar estas novedades, que no solo son necesarias estas medidas, sino una nueva Ley de Propiedad Horizontal y una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos en la que se contemplen tres tipos distintos de arrendamientos: el de larga temporada (como vivienda habitual), el de temporada, ese que en la Costa del Sol era el habitual (familias que veranean aquí y normalmente alquilan el mismo apartamento por quincenas o incluso meses), y el de corta temporada. Y todo ello incluyendo medidas que posibiliten el desalojo inmediato en el caso de que los arrendatarios molesten.