Control de fronteras

Como es habitual en estos tiempos, se ha montado el revuelo ante esta iniciativa, donde a las legítimas discrepancias políticas sobre su oportunidad, se une el cuestionamiento de su constitucionalidad. Dice el art. 150.2 de la CE que «El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado». Este precepto está en la CE por mor de un pacto político entre la UCD y los nacionalistas catalanes de entonces, y creo que quizás lo más importante es aclarar a que se refiere el art. 150.2 de la CE cuando impide que se transfiera o deleguen «materias de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación». Si se llega a aprobar esta iniciativa, se tendrá que pronunciar el TC, pero a mi juicio parece más que discutible que se puedan delegar el control de fronteras, y las competencias sobre inmigración, emigración y extranjería, que en última instancia, son reflejo del control de las fronteras, ya que estas integran la potestad soberana de cualquier estado que se precie.

Los precedentes de aplicación del art. 150.2 CE se aprobaron en épocas de mayorías parlamentarias de la UCD, del PSOE y del PP, y así resulta significativo que la Ley Orgánica 6/1997, de transferencia de competencias en materia de tráfico a Cataluña fue considerada como una cesión de Aznar a Pujol. Por tanto, nada nuevo bajo el sol. Esta iniciativa tiene difícil tramitación y aprobación, ante una previsible oposición tanto de la derecha como de una parte de la izquierda. Pero si se aprueba, el TC dirá.