El Constitucional rebaja los ERE

Estos últimos han indicado que con la sentencia conocida ayer la Corte de garantías constitucionales habría suplantado al Tribunal Supremo al enjuiciar de nuevo el caso. Los responsables directos de la desviación de en torno a 670 millones asignados a los ERE en las cuentas de la Junta andaluza durante sucesivos ejercicios, a favor de beneficiarios que no podían serlo en ningún caso, contaron con la determinación genérica de partidas que favorecían las irregularidades, faltas además de los preceptivos controles. Tesis que Álvarez rebatió en su recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque fuese consejera de Economía y Hacienda.

Resulta difícil imaginar que la trama de corrupción más socializada de la historia reciente de nuestro país, mantenida en el tiempo, no contase con prevaricaciones en cadena más allá de la dolosa picaresca que describe la peripecia de sus hacedores y beneficiarios directos. Pero si la sentencia del Tribunal Constitucional, que podría extenderse también a otros encausados por los ERE y a otros casos, es susceptible de crítica jurídica y de extrañeza en la opinión ciudadana, ni una ni otra pueden llegar al cuestionamiento de su legalidad y de su legitimidad desde el ámbito político. Nada sería peor para la credibilidad de nuestro sistema democrático y para el funcionamiento del Estado de Derecho que ver cómo las acusaciones e insinuaciones de 'lawfare' se convierten en recurso preferente de la confrontación partidaria. Hasta generalizar la sensación de que en España nadie renuncia a la prevaricación de la que el Constitucional ha eximido a Magdalena Álvarez.