Concierto fiscal y Constitución

Más allá de las necesarias reformas de la LOFCA 8/1980 y de la Ley 22/2009, ¿es esta propuesta compatible con la CE? Con la creación de las Comunidades Autónomas (CCAA), la configuración de su financiación, en especial de su margen para capacidad normativa y de gestión en la materia, ha sido un tema recurrente y sometido a los vaivenes de los correspondientes apoyos nacionalistas necesarios cuando el partido gobernante (tanto PSOE como PP) no contaba con mayorías. La CE dice lo que dice, que no es mucho pero si suficiente. A tal respecto reconoce que las CCAA gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles (art. 156), enumera sus recursos (art. 157.1, entre los que se encuentran los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado), no permite que adopten medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios (art. 157.2), establece que mediante ley orgánica se podrá regular el ejercicio de las competencias financieras (art. 157.3) y por último, regula la financiación la de Navarra y el País Vasco, (DA 1ª, régimen de Concierto Económico para establecer y regular su propio sistema tributario, con una aportación anual al Estado). A diferencia de País Vasco y Navarra ( guste o no, tienen cobertura constitucional), la consagración de este régimen singular para Cataluña, entiendo que no resiste el imperativo constitucional del principio de solidaridad, e implicaría además, notables dificultades en la gestión y recaudación de los tributos, lucha contra el fraude, en el sistema de información tributaria, gestión y control de las retenciones y pagos fraccionados o los planes de control aduanero y del contrabando. Como en otras ocasiones, el TC tendrá la última palabra.