Clamor por Palestina

Llueve sobre mojado. El Estado de Israel ha mostrado un desprecio histórico ante la ONU y sus resoluciones, entre las que cabe destacar la Resolución 194 de 1948 (derecho de los palestinos a regresar a sus hogares y recuperar sus bienes, así como el de la autodeterminación), 242,1967 (que exige la retirada del ejército israelí de los territorios ocupados en el conflicto de 1967) o la Resolución 446, 1979 (que declara ilegales los 'asentamientos', en los territorios ocupados, sin olvidar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decidió en 2019 la apertura de una investigación a Israel por presuntas violaciones de las normas que regulan los conflictos armados en los territorios palestinos.

Los crueles ataques de Hamás contra civiles israelíes (asesinando con saña y tomando rehenes), se pueden calificar como crímenes de guerra y contra la humanidad, y sus autores deben ser juzgados y condenados. El Estado de Israel tiene el derecho a usar la fuerza necesaria para repeler un ataque armado actual o inminente, mediante los medios proporcionados para repelerlo, pero la legítima defensa no admite los «castigos colectivos» en forma de masacres contra los palestinos de Gaza. El IV Convenio de Ginebra y el Estatuto de Roma prohíben ataques contra la población civil, así como hacerle padecer intencionalmente hambre como método de guerra.

Mientras tanto, no sobra recordar que el pueblo palestino tiene derecho a la libre determinación que impide Israel ocupando ilegalmente gran parte de su territorio. Esta ocupación es una agresión equiparable a la agresión rusa a Ucrania, y el pueblo palestino tiene derecho a recurrir a la fuerza armada para acabar con esta situación (al amparo de la Resolución 3103 de 1973 y el art. 1.4 del Protocolo 1 a los Convenios de Ginebra de 1949), pero nunca asesinando o secuestrando civiles y prisioneros o con la realización de otros actos de terror. A los palestinos les queda el Derecho Internacional y la legítima resistencia.