El castellano en la enseñanza
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La lengua con la que nos expresamos es de vital importancia, se tenga 20 o 70 años, de Málaga o de Sebastopol. Pero es evidente que en el proceso de formación humana de la infancia y adolescencia adquiere una relevancia esencial. Se tramita en la ... Cortes la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE), y el debate se ha centrado en el castellano en la enseñanza. Conviene precisar que lengua vehicular es la que se utiliza para enseñar cualquiera de las asignaturas incluidas en los planes de estudio, y no hay que confundirlo con la explicación del castellano (o cualquier otra lengua) como objeto de estudio. Además, también es lengua vehicular la que se usa en la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, PAS). Aclarado lo anterior, diga lo que diga la LOE u otra norma estatal o autonómica, hay que partir de la CE y su artículo 3.1 (El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla). El mandato constitucional ha sido interpretado con mucha claridad por el TC, que en STC 31/2010 (relativa al catalán y al castellano) afirma que: «Han de ser no sólo objeto de enseñanza, sino también medio de comunicación en el conjunto del proceso educativo, es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares». Se puede concluir que nuestro marco constitucional exige que el castellano debe ser, sí o sí, lengua vehicular para ser usada en la explicación docente y en la comunidad educativa en general; hay derecho a recibir clases «en» castellano sin confundirlo con el derecho a recibir docencia «de» castellano.
Partiendo de que, tanto en la ley aún vigente como en la reforma, las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, creo que el problema no está en la supresión del término «vehicular» en la Disposición adicional trigésima octava de la LOE (la enmienda objeto de la polémica), sino en la renuncia, antes, ahora y parece que en el futuro, a que el legislador estatal concrete en una norma básica el porcentaje de esa enseñanza «en» castellano para garantizar que ese derecho no se quede en una quimera, como está pasando en gran medida hoy en Cataluña.
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