Ruido y mentiras para suprimir la sedición

La legislación española tenía en el delito de sedición una herramienta para protegerse de los intentos de subvertir y alterar el orden democrático y constitucional existente a través de actos que no llegaban a la gravedad de la rebelión. La gran diferencia entre ambos delitos es que para que una acción sea catalogada como rebelión requiere el intento de alterar el orden constitucional, el democrático o el de las instituciones del Estado. Por otra parte, se entiende por sedición aquellas actuaciones que, sin llegar a tener la gravedad de la rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.

La primera conclusión a la que se puede llegar tras la eliminación de la sedición es que si en los próximos meses o años se repite el intento de golpe de Estado en Cataluña no existirían instrumentos legales para poder actuar legalmente contra sus autores. Es decir, el Estado no podría procesar, como de hecho hizo tras el 1-O de 2017, a sus autores materiales e intelectuales. Sólo podría imputarles altercado público. Lo que simbolizaban aquellas imágenes de líderes independentistas sobre el techo de un coche de la policía sólo sería eso: un altercado público.

Por este motivo, al Estado sólo le quedaría el recurso de aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución para obligar a la comunidad autónoma catalana a que cumpla con los preceptos de la Carta Magna, pero no podría imputarle a los instigadores del golpe de Estado ningún delito penal por sus actos, salvo que incurriesen en malversación de fondos públicos o en cualquier otra irregularidad delictiva.

Todo esto se agrava, aún más, si finalmente se lleva a cabo la modificación del delito de malversación, delito que consiste en la apropiación indebida del patrimonio público o administración desleal de los bienes que lo componen. De llevarse a cabo, Carles Puigdemont podría volver a España como Pedro por su casa, nunca mejor dicho.

Aunque esta modificación de la malversación tiene, a su vez, una ramificación andaluza, ya que pretende abrir una puerta al expresidente José Antonio Griñán para que pueda eludir su entrada en prisión.

Ya no cabe duda, con estas decisiones del Gobierno, del uso que Pedro Sánchez está haciendo del poder legislativo, convertido en una herramienta al servicio de los intereses partidistas y electorales del partido del Gobierno y de sus socios. No caben interpretaciones, además, cuando Arnaldo Otegi, actual coordinador general de Euskal Herria Bildu, recuerda que sin los independentistas de izquierdas vascos y catalanes, aquellos que, según sus propias palabras, «quieren salir del Estado español», este Gobierno de España sería inviable.

La gran pregunta es hasta qué punto las estrategias con los pactos y socios de gobierno que lleva a cabo Pedro Sánchez pueden retorcer el ordenamiento jurídico, llegando incluso a comprometer al resto de los poderes del Estado. Cuando se escucha al portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, alardear de haber quitado «el juguete» de la sedición a «los jueces fascistas» uno llega a la conclusión de que el mundo está al revés y de que, hoy por hoy, se está frivolizando hasta el extremo con la defensa del propio Estado.

Pedro Sánchez llega, incluso, a enmascarar toda esta estrategia en un deseo de equiparar el delito de sedición con el resto de democracias europeas, lo cual no deja de ser una mentira más al servicio de su causa. Porque, de hecho, todos los países de nuestro entorno tienen mecanismos legales, incluso muchos más severos de los que tenía España, para defender de cualquier intento golpista o independentista.

El ruido y las mentiras pueden confundir al ciudadano e incluso pueden ayudar a construir un relato con el que el PSOE justifique lo injustificable, pero al final la realidad impone el silencio y la verdad que dejarán al desnudo las verdaderas intenciones y consecuencias de una deriva demencial de este Gobierno. Veremos.