Un barco a merced de las olas. Sin timón ni timonel. Así percibimos muchos la situación de España frente a la pandemia. Parapetados detrás de los expertos, ninguno de los responsables acierta a dar las razones y las justificaciones exactas de sus decisiones. Los ciudadanos ... nos sentiríamos mucho más tranquilos y comprometidos si cada una de las órdenes de confinamiento, cierres de negocios o prohibiciones fuesen razonadas con criterios solventes y técnicos, avaladas por razonamientos sanitarios o económicos. Es verdad que la gestión es muy complicada, pero conforme pasan los meses queda más en evidencia la incapacidad para planificar, prever y anticiparse a las circunstancias.
Resulta evidente que la solución perfecta sería encerrar de nuevo a cal y canto a toda la población; cerrar todos los negocios, los bares y restaurantes; confinar a los ciudadanos en sus hogares, pero eso provocaría una ruina de tales dimensiones que rompería este país. Por ese motivo el Gobierno se resiste al confinamiento. No se puede estar de pie y sentado al mismo tiempo; hay que luchar conjuntamente contra ambas crisis: la sanitaria y la económica. Por ello hay que trabajar en medidas alternativas, fomentar la concienciación de la población y, sobre todo, ofrecer horizontes vitales y económicos a los que lo están perdiendo absolutamente todo. Sólo hay algo más peligroso que la Covid-19: una persona realmente desesperada.
La Junta de Andalucía anunció el pasado domingo una serie de medidas severas para intentar frenar la curva de contagios y hospitalizaciones y todas ellas con un gran impacto económico. Se echó en falta que, junto a las restricciones, el Gobierno andaluz hubiese anunciado el mismo día las medidas de apoyo, las ayudas y los planes económicos. Y que hubiese explicado el plan para ayudar a los más desfavorecidos, a las empresas y a los autónomos afectados por estas nuevas órdenes. Eso se hizo, sólo en parte, en los días posteriores.
La impresión es que los gobiernos de Andalucía y España desconocen el extraordinario impacto vital de sus decisiones. Y muchas de las cuales parecen tomadas por impulso, por miedo o por contagio. O, al menos, sin el apoyo en datos técnicos y económicos. Leí en redes el comentario de una mujer que resumía el sentir de muchas personas: «Mi trabajo también es esencial porque es el que da de comer a mi familia». Rotundo.
Muy pocos parecen ponerse en los zapatos de estas familias que se asoman al abismo en cada restricción. Sus señorías los diputados, senadores o parlamentarios autonómicos deberían imaginar por un momento qué hubiesen sentido si al anunciarse el confinamiento en marzo ellos hubieran sufrido un ERTE o un despido fulminante. Si hubiesen vuelto a casa para anunciar que ya no tenían trabajo.
Es difícil que los gobernantes (basta echar un vistazo a los currículum del Consejo de Ministros) conozcan el alcance de sus decisiones cuando la mayoría de ellos sólo han tenido en su carrera profesional nóminas de funcionarios del Estado o de cargos públicos; no saben lo que es montar una empresa, ser autónomo, generar empleo, tener que pagar nóminas y seguros sociales a final de mes, afrontar la declaración trimestral del IVA, las pólizas de créditos y el pánico por no tener redes de seguridad. Ellos, los que toman decisiones, están a otras cosas, a sus intereses, demostrando que lo que menos importa son los ciudadanos.
Todo esto se agrava con el bochornoso espectáculo de cada día en el Congreso de los Diputados. La ministra María Jesús Montero y otros miembros del Gobierno y del PSOE mintieron respecto a la imposibilidad de bajar el IVA de las mascarillas. Mintieron con reiteración y sin disimulo. Al final, la presión ciudadana y Europa obligaron no sólo a bajar el IVA, sino a reconocer implícitamente sus embustes.
Es difícil reconocerse hoy en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como demuestra el enfado de líderes como Susana Díaz, Emiliano García-Page o Guillermo Fernández Vara por el acuerdo del Gobierno con Bildu para aprobar los presupuestos. Uno escucha y ve la cantidad de vídeos de Pedro Sánchez negando cualquier pacto con Bildu y se pregunta cuál será su umbral moral para traicionar así sus propias palabras. O el enfado de muchos socialistas por el empeño del Gobierno en maltratar el español y dar alas a delirios independentistas.
Es indignante que, con los cientos de muertos diarios por la pandemia y la extraordinaria crisis económica, el Gobierno de España ignore un gran pacto de los principales partidos y prefiera un equipo con Arnaldo Otegui y Gabriel Rufián, los mismos que, como Pablo Iglesias, aspiran a romper el modelo de Estado actual, algo en lo que, cada vez más, parecen coincidir con el mismísimo Pedro Sánchez. El Congreso es hoy, más que nunca, una timba en la que se engaña, se miente, se hacen trampas y se guardan ases en la manga. Y esto, junto con la indignación creciente de la ciudadanía, es un peligro.
Nadie es de fiar. Que se lo pregunten a Inés Arrimadas, traicionada impúdicamente por Albert Rivera, que anda por ahí promocionando su libro y lanzando andanadas contra su sucesora. Rivera se cargó Ciudadanos por sus ensoñaciones presidencialistas y ahora quiere cargarse a Arrimadas y los escombros de la formación naranja. Y anda buscando líderes de Ciudadanos, incluso por Andalucía, dispuestos a participar en la pinza con la que asfixiar a Arrimadas y, quién sabe, volver a las andadas.
La verdad es que, aunque cueste reconocerlo, España vive la peor crisis de la historia contemporánea. A la crisis sanitaria no sólo se suma la crisis económica, sino la mayor crisis institucional desde la Transición. Contra la Covid-19 tenemos la expectativa de una vacuna; para la recuperación económica confiamos en Europa, pero para esta septicemia institucional no parece que tengamos remedio, con el riesgo de un desmoronamiento del Estado y, lo que es peor, un deterioro moral de consecuencias imprevisibles.
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