Otra vez la Educación como arma ideológica

CARTA DEL DIRECTOR ·
Es triste que la ley que va a regular la enseñanza de más de ocho millones de alumnos se apruebe sin consenso y sin diálogo con los agentes educativos

Manuel Castillo

Málaga

Domingo, 22 de noviembre 2020, 01:14

Triste y desolador. Una vez más, y ya van ocho ocasiones en la democracia, la ley que debe regular la educación en España se aprobó en el Congreso de los Diputados sin consenso y, lo que es peor, en medio de una bronca política que ... hubiese sido una vergüenza en cualquier aula escolar. La Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) salió adelante en la Cámara Baja (aún tiene que pasar por el Senado) con 177 votos a favor (uno más del necesario), 148 en contra y 17 abstenciones, en una representación aritmética de bloques izquierda-derecha, sólo con la excepción del PNV, como siempre. Debieron ser 178 síes, pero el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, se equivocó de botón al votar. Parece incongruente que la ley que debe regular la enseñanza de más de ocho millones de alumnos se apruebe in extremis y sin apenas diálogo previo. En otras ocasiones, como en la etapa del ministro de Educación Ángel Gabilondo, en el Gobierno de Zapatero, al menos se intentaba llegar a un acuerdo y se defendía la necesidad de alcanzar un texto con la mayor participación posible. En esta ocasión, ni eso.

Fíjense en un pequeño detalle que demuestra la importancia que para nuestros políticos tiene la enseñanza: en el debate de la conocida como 'ley Celaá' no estuvieron presentes ni el presidente Pedro Sánchez ni los líderes de la oposición Pablo Casado (PP), Santiago Abascal (Vox) e Inés Arrimadas (Cs). Tendrían otras cosas importantísimas que hacer.

En esto de la educación no se salva ninguno, porque las ocho leyes educativas desde la Transición se han caracterizado por lo mismo: falta de consenso. Y, además, por un evidente sesgo ideológico. Aquí, cuando se habla de educar, intenta adoctrinar todo el que puede y todo lo que puede.

Al margen del desprecio del Gobierno y, especialmente, de la ministra Celaá a la comunidad educativa, lo peor de esta ley es su oscurantismo, lo que no se ve o lo que se intuye.

Resumiendo mucho el contenido de la 'ley Celaá', sus puntos más controvertidos son la retirada del adjetivo «vehicular» a la lengua castellana en la enseñanza, las medidas que amenazan con convertir a los centros concertados en subsidiarios de la red pública, la amenaza real para la viabilidad de los centros de enseñanza especial y la laxitud a la hora de pasar de curso, intentando evitar que los alumnos repitan de curso aunque no alcancen los conocimientos mínimos.

La letra de la 'ley Celaá' es poco intrusiva porque deja mucho margen de maniobra a las comunidades autónomas, pero no tanto el espíritu de la misma, que es lo que ha provocado que cunda la alarma entre los defensores del español como lengua oficial, de la educación concertada, de la educación especial y de la cultura del esfuerzo.

De hecho, el español nunca tuvo la consideración de lengua vehicular hasta la 'ley Wert' de 2013, lo que significa que, si ahora se retira, no debe suponer mayor problema. La cuestión es si se retira por presiones de los independentistas catalanes y si este hecho supone reforzar la progresiva desaparición de la enseñanza del español en los territorios con lenguas cooficiales, como Cataluña,País Vasco, Valencia, Galicia y otros, ayudando así a inocular progresivamente el virus secesionista en España. La Constitución Española, en su artículo 3, es clara: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Esto debería bastar para que en Cataluña se pudiera elegir con libertad hablar, escribir, expresarse y educarse en español, pero no es así.

Respecto a los centros concertados subyace una realidad económica y sistémica: la caída demográfica pone en riesgo la continuidad de muchas plazas y líneas escolares en centros públicos frente a los concertados. Y eso es lo que se pretende evitar primando a los colegios públicos. Habría que preguntarse las razones por las que muchos padres prefieren la concertada frente a la pública, aunque eso significaría hacer una autocrítica del modelo educativo en España. Si a ello se une que muchos concertados (no todos, ni mucho menos) son religiosos, el sesgo ideológico entra en acción frente al derecho de los padres de elegir la formación que deseen para sus hijos y si esta es laica o religiosa. El modelo dual de enseñanza en centros públicos y concertados es un éxito, salvo que los políticos estén empeñados en que fracase.

Al final, lo peor de todo es que se corre el riesgo de aumentar la brecha educativa en función de la situación socioeconómica familiar y eso jamás ha importado a sus señorías. Porque si el Estado pretende controlar absolutamente la educación de los niños, sólo aquellos que tengan medios podrán salir de esa órbita. La enseñanza pública debe aspirar a ser excelente por sus propios medios y méritos y no frenando o poniendo obstáculos al desarrollo de la enseñanza concertada, cuyos centros llevan dedicados a la enseñanza, con vocación y dedicación, desde hace muchos años. Debe primar la coordinación, la colaboración y la coexistencia de lo público y lo concertado.

Sobre la educación especial también cunden los temores más allá del propio texto de la ley. Las familias no se creen las buenas intenciones. Y por algo será. Lo demencial es que en este caso no haya más comunicación con las familias. Otra vez el ordeno y mando del Gobierno.

Y respecto a la decisión de bajar el umbral de exigencia para pasar de curso, se está jugando con un arma peligrosísima. Si hubieran escuchado a los profesores que están cada día al pie del cañón, sin saltarse sesiones del Congreso como sus señorías, se habrían enterado de que la cultura del esfuerzo y la exigencia es la última herramienta que les queda a los docentes con sus alumnos. Eliminar esa barrera es facilitar que muchos alumnos consideren su estancia en las aulas un mero trámite, una extensión del sofá de su casa.

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, lo resumió perfectamente: «Iniciamos los trabajos con entusiasmo, pensábamos que esta vez sería posible. Pero nos hemos encontrado con la polarización ideológica de siempre, con que la imposibilidad de entenderse sobre la educación dura ya dos generaciones, que priman las agendas de partido, que las lenguas separan en vez de unir, que los argumentos falaces levantan fronteras sociales».

Y así, en un bucle perverso, hasta que el próximo Gobierno elimine la 'ley Celaá' y promulgue la novena ley educativa con los mismos errores y el mismo desprecio a la Educación. Y así nos va.