Bulos y libertad de expresión

Esto de los bulos («desinformación») es otra cosa (aunque también pueda afectar al honor). Y es muy conveniente una interpretación restrictiva, ya que están en juego los citados derechos fundamentales cuyo reconocimiento y ejercicio son seña de identidad de cualquier país democrático. Una idea que delimita el fenómeno nos la ofrece la CE, que define la desinformación como la «información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público», incluyendo en él las amenazas a los procesos democráticos y a bienes públicos tales como la salud, el medio ambiente o la seguridad, entre otros. Cuando los bulos afectan a la ciberseguridad, entiendo que se pueden adoptar las medidas para la protección de las infraestructuras críticas (Ley 8/2011), y cuando se trata del orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional, el Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas (4. 6.º de la Ley 9/2014).

¿Qué hacer frente a los b ulos? Pues, junto a las citadas medidas administrativas para casos extremos, luchar contra estos indeseables ataques a la verdadle corresponde en especial a los medios, que deben potenciar la transparencia y la diversidad, así como acentuar la autoregulación (a través de los Códigos de Deontología) . Respecto a plataformas y redes, poco se puede esperar, aunque con mayor o menor convicción, dicen que están tratando de limitar la difusión de 'fake news', pero sin impedir su publicación mientras no vulneren sus políticas de uso.