Bulos en el debate político

Lo de confundir a la opinión pública con mensajes falaces, es decir, capciosos cuando no sencillamente falsos, no es nuevo: hoy lo conocemos como desinformación y antes ya se conocía como propaganda. Tampoco los bulos de hoy son completamente originales: el del presidente valenciano parece inspirado en el melifluo ecónomo del arzobispado de Valladolid que compareció en 2001 en el Congreso de los Diputados por el escándalo Gescartera y defendió que él tampoco había mentido por decir que tenía en el banco una cantidad notablemente inferior al saldo de su cuenta (¿acaso miente quien dice que tiene 50 millones cuando tiene 500?). Y el de la portavoz del Gobierno recuerda a otra perla que se lanzó desde el Consejo de Ministros con ocasión del debate sobre la financiación autonómica de hace quince años, cuando se dijo sin rubor que se había encontrado un sistema para que todas las Comunidades estuvieran financiadas por encima de la media.

La realidad se da de bruces con esos relatos construidos precisamente para ocultarla. Dar a entender que se está en el sitio donde se debe mucho antes de cuando efectivamente se llega es faltar a la verdad. Y pasar parte de la deuda de las Comunidades Autónomas al Estado puede ser una buena idea, pero pretender que con ello se mejorará la vida de los ciudadanos es como afirmar que una familia en apuros económicos podrá gastar más en el bienestar de sus hijos si parte de las deudas del padre fueran asumidas por la madre.

En una democracia es en buena medida inevitable que el debate político se inunde de medias verdades y opiniones poco fundamentadas, pues ese es el precio que hay que pagar si nos tomamos en serio el pluralismo político y la libertad de expresión. Pero que esos mensajes no puedan evitarse no significa que debamos darlos por veraces. Por el contrario, la mejor manera de luchar contra los bulos es ponerlos delante de argumentos que demuestren su falsedad. Contra la desinformación, más información.