La bronca política, enemiga de la sanidad pública

España tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, reconocido por la propia OCDE, y eso debería ser un punto de arranque para ponerse de acuerdo. Gozar de la universalidad de la sanidad y también de la gratuidad –con el matiz de que se sufraga con dinero de todos– no está al alcance de muchos ciudadanos del mundo. También el nivel de profesionalidad y eficacia invita, por qué no, a estar orgullosos.

Es evidente que la sanidad pública en España necesita mejoras urgentes, pero antes habría que asumir que los problemas son transversales y que afectan a todas las partes y a todos los protagonistas del sistema: los usuarios, los profesionales y los gestores públicos.

Al margen de los medios técnicos y económicos, que corresponden a las administraciones públicas autonómicas, sería saludable abrir la caja de Pandora y reconocer otros problemas de los que casi nunca se hablan. Para empezar, los ciudadanos no realizamos un buen uso de la sanidad pública y contribuimos con nuestras malas prácticas a ralentizar el sistema. Por ejemplo, en Andalucía, un 30 por ciento de los pacientes no acuden a la cita concertada con su médico y casi nunca anulan dicha cita. Todo ello sin hablar del uso que se hacen de las urgencias, consideradas por muchos como meras consultas. Es verdad que podemos considerarlas excepciones, pero para mejorar la sanidad pública es preciso analizar todos los aspectos.

Por otra parte, son infinitos los problemas internos entre los profesionales, sobre todo entre médicos. Disputas entre servicios o entre hospitales, intereses económicos, personales o profesionales. No hay que tener prejuicios ni complejos a la hora de reflexionar sobre estos problemas internos, que haberlos haylos. La propia gestión de los hospitales es complicadísima por la confluencia de tantos intereses médicos, profesionales, económicos, sindicales y políticos.

En una comunidad como la andaluza trabajan en el servicio de salud pública unas 120.000 personas –con picos de 140.000– y se atienden diariamente a unos 450.000 pacientes, lo que da una dimensión de la enorme dificultad de su gestión y de la casuística tan diversa que nos podemos encontrar. Porque entre tantos profesionales los hay muy buenos, buenos, regulares y muy malos, como en todos sitios.

Luego está la administración pública, que debe dotar de los suficientes recursos al sistema. Pero que nadie se equivoque: el dinero no soluciona por sí solo el problema. Es mucho más complejo. No creo que haya comunidad autónoma en España que escatime el presupuesto para la sanidad. Quizá lo que ocurre es que la gestión es extremadamente complicada y difícil.

También habría que evitar la desinformación sobre la sanidad privada y comenzar por un planteamiento: si la sanidad privada no existiera la sanidad pública colapsaría en una semana. Es decir, la sanidad pública necesita de la sanidad privada y no habría que tener problemas a la hora de establecer mecanismos de colaboración que ayuden a descongestionar la pública.

Habría que recordar que gozamos de un lujo de sanidad pública, que llega a financiar tratamientos de varios cientos de miles de euros a un solo paciente, y con un nivel de vanguardia lejos del alcance, incluso, de la privada.

Y si a todas estas dificultades añadimos a políticos empeñados en enmerdar la sanidad con sus ocurrencias y ataques para sacar rédito políticos pues llegamos a la conclusión de que la cosa está muy difícil, por no decir imposible. En un sistema tan gigantesco siempre, cada día, se podría denunciar una deficiencia, una carencia, un error, aunque estos signifiquen una excepción o una anécdota.

Nadie, de ningún partido, va a levantar la bandera del pacto de Estado, del diálogo y del compromiso con el bien general, con la sanidad pública. Ninguno de los partidos quiere renunciar a utilizar la sanidad como un estacazo en el lomo de su rival aunque ello signifique deteriorar y poner en peligro el mayor patrimonio de nuestra sociedad. Y así nos va.