El final de las ayudas para hacer frente a la factura de la luz y la calefacción previsto para el 31 de diciembre dejará sin protección energética a ocho millones de hogares. La caducidad de la Tarifa de Último Recurso del gas o el término ... de la tarifa regulada sin impuestos al PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) pueden suponer a mes y medio de los fríos del invierno un repunte en el recibo de hasta el 25%. La vuelta a la normalidad fiscal coincidirá con la cuesta de enero e incrementos en el precio del gas de hasta el 24% y de la electricidad a 97 euros de media el megavatio hora. Pero más allá de las exigencias del mercado y una política económica sostenible, el Ejecutivo no puede ignorar, en primer lugar, a los hogares más vulnerables y debería aclarar el tipo de tarifa a la que podrán acogerse además de mantener la normativa de no suspender el suministro por impago. En segundo lugar, estimular la competencia entre empresas proveedoras para abaratar los precios. Y, finalmente, hacer más atractivo el ahorro de energía en empresas y hogares para amortiguar los serios problemas de producción que tiene nuestro país, agravados por las limitaciones a las energías fósiles que impone la transición energética.
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