¿Ataca el Gobierno central a Andalucía sólo por interés electoral?

Viene esto a cuento para intentar explicar lo que ocurre desde hace tiempo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno Bonilla. Es un jardín espinoso porque, sobre todo en estos tiempos de superficialidad informativa, habrá quien se quede en el titular y pretenda ubicarnos, como siempre, en una trinchera política de la que permanentemente huimos. Los periódicos no son herramientas partidistas; están al servicio de los intereses generales, dan voz a quienes no la tienen y denuncian los abusos de poder emanen de donde emanen.

En el titular pregunto si el Gobierno central castiga a Andalucía simplemente por intereses partidistas. Hay indicios que así lo indican. Tampoco es nada nuevo, aunque resulte perverso que nos hayamos acostumbrado a que el partido que accede a la Moncloa, porque es una práctica habitual tanto del PSOE como el PP, beneficie a aquellas comunidades donde gobiernan los suyos o los partidos que les han ayudado a gobernar. A menudo esto sucede incluso al margen de la justicia territorial. Si nos atenemos a los hechos, Sánchez y algunos de sus ministros se han convertido en demasiadas ocasiones en la infantería de una batalla política que utiliza asuntos de especial trascendencia para la confrontación electoralista. Parece evidente que la misión es erosionar la gestión de Moreno Bonilla cueste lo que cueste, como también a menudo los consejeros y el propio presidente autonómico hacen oposición a Sánchez desde la Junta. La lealtad institucional, al desagüe. Esto sería intrascendente si no fuera por los efectos que esta (mala) estrategia tiene para la ciudadanía.

Las hostilidades vienen de lejos, pero se han intensificado en los últimos meses. Andalucía suprimió en septiembre el impuesto sobre el patrimonio, como hizo Madrid, para atraer la residencia de las rentas más altas. El Gobierno central reaccionó con la aprobación de un impuesto llamado de solidaridad de las grandes fortunas, en una nueva contorsión eufemística. El principal objetivo de esta medida era desactivar la supresión del impuesto sobre el patrimonio de la Junta, que denunció una invasión de competencias en la política fiscal de Andalucía por parte de Sánchez. Y es cierto que parece complicado imaginar una respuesta de esta contundencia contra decisiones de la Generalitat de Catalunya o contra los privilegios fiscales y económicos del País Vasco o Navarra. Este agravio sólo se entiende desde planteamientos políticos y partidistas.

Pero hay más. La sanidad es otro de los asuntos arrojados a la hoguera de este enfrentamiento que ambos bandos mantienen vivo por intereses políticos. El Gobierno central acusa a la Junta de querer privatizar la sanidad pública, el mayor patrimonio del Estado del bienestar que tenemos en España. Puede haber discrepancias en el modelo de gestión sanitario, como es comprensible y hasta sano en cualquier democracia, pero no es cierto que la Junta trate de privatizarlo. A los partidos, sin embargo, hace tiempo que dejó de importarles la verdad, especialmente cuando se acercan las elecciones.

En Moncloa han olvidado que fue el PSOE quien implantó los conciertos privados en Andalucía. Tampoco deben de recordar los 124 millones de euros que la Junta ha tenido que pagar a la familia Pascual por impagos que se remontan a la etapa socialista. Nada de eso importa en este debate, claro, porque los eslóganes políticos no tienen memoria.

El último ejemplo que ilustra la bronca política ha tenido lugar en Doñana, donde Sánchez y Feijóo se han puesto el uniforme de campaña. Resulta triste pero simbólico que Huelva, una provincia históricamente olvidada, asida a plataformas civiles que desde hace años denuncian el abandono en materia de inversiones, sea terreno del principal debate político de esta semana, apenas cuatro semanas antes de los comicios municipales; algunos políticos parecen darse cuenta de que algunas zonas existen sólo cuando ven la oportunidad de sacar tajada electoral. Huelva sufre un importante déficit de infraestructuras y tiene una red ferroviaria más propia de otra época. Los trenes que unen esta provincia con Madrid tardan unas cinco horas de media en completar su recorrido. Pero Sánchez ha considerado que la polémica de Doñana, hasta ahora la principal piedra en el zapato de Moreno Bonilla, era una buena excusa para bajar a Andalucía a hacer campaña y jalear la pelea política.

No podemos saberlo, pero tuvo que haber un día, no sabemos cuándo, en el que los políticos y todos los partidos de este país, renunciaron a la posibilidad de colaborar y trabajar juntos en los asuntos de interés general. Y ese día fue el peor de nuestros días.