La asignatura pendiente

En este contexto, la educación (desde hace años en un permanente estado de agitación y controversia), contemplada como un componente esencial para el desarrollo y progreso personal y colectivo, debería contar con una ley estable suficientemente consensuada y ocupar un lugar mucho más prominente hasta convertirse en uno de los factores que más y mejor puede contribuir a la adquisición de hábitos que hagan frente con eficiencia a nuestra compleja y cambiante sociedad.

Esta complejidad ha derivado en un reforzamiento del debate en torno al propio sistema educativo que, obviamente, trasciende con mucho el exclusivo ámbito de los profesionales para situarse de lleno en la discusión pública. Resulta más que evidente que esta discusión, en lo esencial, es decir, en la necesidad de influir para alcanzar un acuerdo de Estado en una materia de tan vital importancia, lamentablemente es bastante decepcionante.

Y, como siempre, ya vamos tarde en el avance y consecución de un modelo educativo integrador que se acomode y ajuste a las necesidades de una realidad social inestable como la actual. Un modelo que se centre en resolver los verdaderos problemas de la educación y que sirva, esencialmente, para hacer frente a los desafíos de un mercado laboral en permanente innovación.

Los problemas de la educación en España en pleno siglo XXI no son el persistente debate de la religión ni el de las lenguas oficiales. Más allá de estos debates ideológicos, lo que de verdad debería importarnos son los aspectos pedagógicos y sociológicos que afectan directamente a la calidad del sistema educativo.

Algunos de estos problemas quedan evidenciados en aspectos que tienen que ver, entre otros, con una deficiente formación del profesorado y en una ineficaz gestión presupuestaria que implica, entre otras cosas, mantener las ratios por encima de lo deseable y equipamientos insuficientes, cuando no en lamentable deterioro. A todo ello habría que añadir la inexistencia de una ley con un plan serio y consensuado por todos para acabar con el fracaso escolar y con las desigualdades.

La última de estas leyes, la que vino a sustituir a la conocida como ley Wert, es la LOMLOE, más conocida como ley Celaá. Recientemente, entre los asuntos importantes que pretende desarrollar esta ley, el Gobierno, mediante reales decretos, ha ido publicando tanto la nueva ordenación en las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria (ESO) como los cambios en el Bachillerato para los cursos 2022-2023 y 2023-2024 respectivamente.

De todo ello, en una primera y rápida valoración, llama la atención el beneplácito en los nuevos currículum de la ESO y Bachillerato para pasar de curso con más de un suspenso, lo que, naturalmente, ha generado una gran controversia. En cualquier caso, con esta decisión es bastante obvio que continuamos como siempre; es decir, muy alejados de la posibilidad de establecer un compromiso con aquellos valores que claramente favorecen el acercamiento a una cultura basada en el esfuerzo y que contribuya, desde la igualdad de oportunidades, a tener reales posibilidades de ascenso en la escala social.

A nadie se le escapa que el miedo al abandono y al fracaso escolar es, entre otras, una de las razones de esta estratégica apuesta impulsada por un Ejecutivo, uno más, incapaz de consensuar un proyecto educativo de país. Con este planteamiento lo que sí queda meridianamente claro es que desde la Administración no se quiere asumir ninguna estadística que venga a poner en evidencia las causas profundas del abandono y fracaso escolar, optando por lo más fácil, es decir, flexibilizar y dar todo tipo de facilidades al alumnado menos esforzado para que pase de curso, aunque ello conlleve un deficiente conocimiento y un deterioro de la enseñanza.

Otro de los decretos que prepara el Ministerio de Educación en el marco de la LOMLOE tiene que ver con los cambios que se quieren introducir, tanto en la formación del profesorado como en su forma de incorporarse al sistema público.

Se trata, no cabe duda, de un asunto de capital importancia para el futuro de la enseñanza, en el que se debería plantear seriamente la presencia de un profesorado altamente cualificado mediante la implantación de un nuevo modelo de estudios que incluya una carrera profesional donde no solo se contemple mejorar su labor educativa, sino también elevar su prestigio social, su autoestima y motivación.

Con todo, el debate, lamentablemente, continúa estando excesivamente polarizado, distanciado y enfrentado. A día de hoy, tras más de cuatro décadas de alternancia política, seguimos asistiendo con mucho cansancio y bastante perplejidad a este permanente intercambio de leyes educativas cada vez que se produce una mudanza en el Gobierno. Resulta bastante probable que esta ley, como las anteriores, solo gustará a un sector de la sociedad, y, por tanto, como las que la han precedido, ya nace con fecha de caducidad.