Ahora (sólo ahora) todos se preocupan por la vivienda

Y todo ello porque el precio de las casas y de los alquileres han subido en en los últimos años de una manera preocupante. Y el motivo general es bastante sencillo: hay más demanda que oferta. Es decir, hay muy pocos inmuebles a la venta o en alquiler. A partir de ahí se pueden empezar a analizar algunos detalles.

La primera conclusión es que es preciso que se construyan más promociones de renta libre y protegidas y que se pongan en el mercado más viviendas en alquiler. Y en este sentido, podemos empezar recurriendo a la Constitución, cuyo artículo 47 declara que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.

Queda claro. Las administraciones públicas tienen la obligación de facilitar que exista oferta en el mercado, algo que, visto lo visto, no ocurre. En el caso de Málaga, los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía construyeron sólo un centenar de viviendas desde el año 2000. Sí, como lo leen. Y los gobiernos del PP, desde hace cinco ejercicios, aún ni se han estrenado. El Ayuntamiento de Málaga promovió casi 5.400 viviendas en 22 años. Y por si fuera poco, la propia legislación y el endémico atasco y lentitud de la Gerencia Municipal de Urbanismo ralentiza y dificulta la ejecución de proyectos.

No es difícil comprobar cómo las administraciones públicas incumplen el mandato constitucional. Salvo, claro está, en épocas preelectorales, cuando los líderes políticos se ponen los cascos de obra y empiezan a hacer brindis al sol. El candidato del PSOE, Dani Pérez, promete 10.000 viviendas, es decir, 9.900 más que las que construyó la Junta en 35 años. Luego, no dice ni dónde ni cómo, y retrasa el enigma para después de las elecciones. Vaya por Dios.

Y Paco de la Torre, el alcalde y candidato del PP, propone casi 9.000 casas, implicando a gestores públicos y privados. El edil popular sí dice cómo y dónde, pero no dice cuándo.

Y a ninguno de los dos se les pueden negar buenas intenciones, pero la credibilidad en estos casos cotiza a la baja. Muy a la baja.

Y luego entra la confrontación política y la demagogia. Muchos políticos, entre ellos DaniPérez, apuntan como principal culpable del encarecimiento de la vivienda a los pisos turísticos y se lanzan a proclamar soflamas populistas. «Vamos a prohibirlas», dice. Lo cual tiene un punto absurdo porque la mayoría de los propietarios de viviendas para alquiler ya han gestionado el permiso para su uso vacacional y los que no lo hayan hecho lo harán en los próximos días.

Es verdad que hay muchas viviendas turísticas en el centro de la ciudad y su entorno, como en el resto de municipios de la Costa del Sol, pero es muy reduccionista convertirlas en la única clave del problema. Diría que hacerlo es intentar escurrir el bulto y colgarle el problema a otros. Antes que prohibir, lo que hay que hacer es regular para que la oferta turística tenga calidad, buenos servicios –asimilados a los de los hoteles– y para que contribuya a la generación de empleo y a las arcas públicas a través de las tasas e impuestos. Este sector genera actividad económica y ha permitido la rehabilitación de multitud de inmuebles. Hay que asumir que estos 'microhoteles' han venido para quedarse y que pueden aportar mucho a la economía turística de la provincia.

Si hubiese una buena política de vivienda, si se trabajase con el sector privado para incentivar la construcción de VPO, si se pusiesen en el mercado suelos para la promoción y si se protegiese a los propietarios dispuestos a alquilar sus propiedades no estaríamos buscando culpables a este mal. Más que números deslumbrantes, lo que habría que pedirles a los gestores públicos es una planificación integral de la vivienda –algo así intenta el plan que presentó el alcalde– para que el mercado consiga equilibrar la brecha entre la escasa oferta y la enorme demanda.

Todo lo demás resulta ser un fuego de artificio con la pólvora mojada. Como siempre en los meses preelectorales.