La Junta de Andalucía ha aprobado esta semana su sexta bajada de impuestos, la primera de esta legislatura. La supresión del Impuesto de Patrimonio, la deflactación del IRPF y la suspensión del canon del agua en 2023 supondrán un impacto de 360 millones de euros, ... según los cálculos del Gobierno autonómico. Serán 360 millones que se quedarán en los bolsillos de los andaluces, como defiende Juanma Moreno, que espera que la merma en las arcas públicas, es decir, el dinero que la Junta dejará de recibir por la reducción de estos impuestos, sea compensada e incluso superada con la atracción de nuevos contribuyentes.
Andalucía se convierte de este modo, junto con Madrid, en la comunidad española con una fiscalidad más seductora no sólo para sus empresas y ciudadanos, sino también para las compañías instaladas en otras comunidades y en países cercanos como Portugal y Marruecos. La medida forma parte de la estrategia diseñada por el presidente andaluz para captar varios miles de contribuyentes más. No es casualidad que, apenas unas horas después de aprobar este paquete fiscal, Moreno invitara a los empresarios catalanes a fijar su residencia en Andalucía, exenta de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, tributos que Cataluña sí cobra.
Como ocurre últimamente con cada medida, incluso con cada declaración, la bajada de impuestos aprobada en Andalucía ha levantado una polvareda en la que resulta difícil diferenciar el grano de la paja. Para muchos políticos todo parece valer cuando se trata de convencer a los suyos, que por otro lado ya están convencidos; no buscan la verdad, sino confirmar su posicionamiento, afianzar sus prejuicios. No hay duda de que la decisión de Juanma Moreno tiene un evidente contenido ideológico: las bajadas de impuestos son propias de gobiernos liberales en lo económico como el de Andalucía, que suelen preferir, una vez garantizados los servicios esenciales del Estado del Bienestar, que el dinero circule en lugar de hinchar, a veces hasta la inflamación, la maquinaria pública.
No habría que sorprenderse: la política es una suma de gestión e ideología. La izquierda, como también ha demostrado esta semana, mantendría impuestos como los suprimidos en Andalucía y Madrid bajo el argumento, que empieza a sonar trasnochado y añejo, de que su eliminación sólo beneficia a los ricos y mengua los servicios públicos que disfrutamos todos. A juzgar por la mayoría absoluta alcanzada por Moreno el 19 de junio, Andalucía ha elegido qué modelo prefiere. Por eso llaman la atención las críticas a esta «competencia a la baja» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no tardó en reaccionar a la bajada de impuestos andaluza con el anuncio de un nuevo tributo a las grandes fortunas, como reclamaba Unidas Podemos. El PSOE, y especialmente Juan Espadas y Daniel Pérez, debería darse cuenta de que utilizan argumentos del siglo XX para intentar liderar el siglo XXI. Y así les va.
La autonomía fiscal constituye un principio básico en la configuración comunitaria de nuestro Estado, pero la respuesta de Sánchez parece trazada para lastrar la reducción de impuestos y el florecimiento económico de Andalucía. Y lo último que necesita nuestra región, por fin en la rampa de salida tras años relegada al histórico vagón de cola de España, es otro palo en la rueda. Es cierto que Moreno corre el riesgo de que el aterrizaje de contribuyentes al que ha confiado la compensación de esta bajada tributaria sea menos voluminosa de lo esperado. No hay que olvidar que el 'efecto capital' aún resulta un valor añadido para las empresas a la hora de elegir residencia fiscal y entre Andalucía y Madrid muchas compañías optarán por esta segunda comunidad. Pero la alternativa, me temo, era quedarse de brazos cruzados y perpetuar la brecha existente entre norte y sur.
Con esta nueva senda, Andalucía gana atractivo fiscal y, por qué no decirlo, autoestima, que falta hacía. Ya puede competir con comunidades como Cataluña o País Vasco. No es una cuestión ambiental o de sensaciones, que también, sino una realidad sustentada en datos: Andalucía tiene más empleo, autónomos y exportaciones que antes de la pandemia y recupera con más velocidad que la media nacional el PIB perdido por la crisis del coronavirus. Ahora se enfrenta a otra recesión cuyo alcance depende de factores externos como la sequía, que supone una de las grandes amenazas que sufre el tejido productivo de la comunidad. Si llueve, la crisis será menos feroz de lo que se teme y Andalucía podrá evitar la recesión. Para ello es preciso que llueva antes de Navidad.
Pero las administraciones públicas no pueden quedarse mirando al cielo, esperando que las soluciones a los problemas de sus territorios vengan solas. Hasta dentro de unos meses no conoceremos los efectos reales que tendrá la apuesta fiscal redoblada por Juanma Moreno esta legislatura, pero los vaticinios agoreros que algunos lanzaron tras la supresión del impuesto de Sucesiones no se han cumplido. Tampoco es cierto, como muchos cacarean con la única intención de intoxicar, que la bajada de impuestos beneficie sólo a las grandes fortunas: la deflactación del IRPF permitirá que la mayoría social se vea menos perjudicada por la subida de precios. Y, en un escenario de inflación disparada, todo lo que mejore la capacidad de gasto o ahorro de los ciudadanos supone una buena noticia.
En Andalucía ya no se escucha hablar del PER, ni de la economía subvencionada ni de otros tantos prejuicios; ahora se habla de competir cara a cara con Barcelona, Valencia o el País Vasco. Y eso transforma una sociedad que tiene grandes aspiraciones y que quiere liderar un nuevo modelo de región más sostenible, con mayor y mejor formación y con la sensación de que es dueña de su destino sin señoritos de Madrid o de otras comunidades que vengan a marcarnos el paso.
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