Alimentos: el precio de la discordia

Aunque no el único, el problema principal son los precios, que no permiten muchas veces que los agricultores y los ganaderos cubran sus costes de producción. España, todo hay que decirlo, fue pionera en la aprobación de una Ley de Cadena Alimentaria. Y aquí está el principal problema, ya que las previsiones de esta norma (en especial tras su reforma en 2021) son más que aceptables, pero la inspección es insuficiente para evitar abusos. Así, su art. 12 ter. pretende evitar la destrucción de valor en la cadena alimentaria, imponiendo que cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador, y además, que, para proteger la capacidad de comercialización de los productores primarios, los operadores que realicen la venta final de alimentos a consumidores no podrán aplicar ni ofertar un precio de venta al público inferior al precio real de adquisición del mismo. El incumplimiento de lo anterior tendrá la consideración de venta desleal (salvo las ventas con pérdidas al público de los alimentos perecederos, previa información). Por su parte, el operador que realice la venta final del producto al consumidor (casi siempre poderosas empresas), en ningún caso podrá repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su política comercial en materia de precios. En definitiva, se prohíbe en general la venta a pérdida, con las dificultades que esto implica respecto al derecho de la UE (Sentencia del TJUE de 19 de octubre de 2017, asunto C-295/16).

En cualquier caso, cometen un error los que califican estas protestas del agro como las de los terratenientes o de la extrema derecha. Algunos, con sus gestos y proclamas en esa línea, pueden dar esa impresión, pero una generalización en esos términos simplifica de forma injusta un problema complejo, confundiendo a los agricultores con aquellos manifestantes que han provocado violencia en estos días. Las soluciones no son fáciles, pero en mi opinión deben pasar por reformas legales que hagan compatible la libre competencia con la defensa del sector agrario por razones de interés general, todo ello para garantizar el mantenimiento de unas rentas dignas para los productores, sin descartar a priori, con todas las cautelas que se quieran, los índices de referencia de precios. El mercado desbocado no es solución.