Agresiones a sanitarios

Las agresiones a los profesionales sanitarios constituyen un problema grave y de importantes consecuencias que hasta fechas relativamente recientes no era muy conocido y que además ha permanecido casi en silencio por su escasa denuncia. Su rápida evolución en España parece responder a un patrón de creciente violencia interpersonal observada en diversos ámbitos de nuestra sociedad (familia, educación, medio laboral, ocio, etc.).

Desde el año 2005 existe un procedimiento específico aplicable en Andalucía (Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía), donde se han dado pasos en el sentido de mejorar la atención al trabajador agredido, y desde mi punto de vista no debe suponer motivo de enfrentamiento entre partidos e instituciones, sino un motivo de trabajo en común, pero hay que reconocer que en ciertas ocasiones no se está aplicando el procedimiento en todos sus términos, además de que puede existir un número no despreciable de profesionales que no conocen en profundidad los procedimientos específicos. Por eso, desde UGT Málaga queremos poner de manifiesto que en el plano preventivo no parece que haya tenido muy buen resultado, ya que las agresiones vienen incrementándose año a año, según la información que publica el SAS, donde en 2016 se registraron 1.000 agresiones, mientras que en 2017 ascendieron a 1.117, por lo que no sería una imprudencia proponer su revisión, ya que en sus 13 años de existencia el resultado preventivo no ha sido satisfactorio, sino más bien un motivo de preocupación. Una propuesta que defendemos desde UGT es que sea la propia Administración sanitaria (dirección general de profesionales) la que presente la denuncia ante cualquier agresión sufrida por sus profesionales, tanto agresiones verbales como agresiones físicas, dado que muchos de los profesionales agredidos no son proclives a denunciar personalmente ante las amenazas del agresor, y porque se mantiene al agresor a menudo como usuario en el centro asistencial donde se ha producido la agresión.

En el año 2015 se reformó el Código Penal, en el sentido de considerar las agresiones a sanitarios y educadores como delito de atentado contra la autoridad, con penas de hasta cuatro años de prisión, este hecho ha supuesto también un destacado avance.

En el ámbito sanitario los riesgos psicosociales más ampliamente reconocidos y estudiados, y sobre los que se mantiene un relativo consenso, son el estrés, la violencia en el trabajo, el acoso laboral, el acoso sexual, la inseguridad laboral y el desgaste profesional. Además, hay que tener en cuenta otros factores, como la intensidad laboral y el envejecimiento de la población trabajadora.

Los recortes presupuestarios en sanidad, la poca o nula cobertura de plazas vacantes en sanidad durante algunos años, la falta de profesionales en algunas categorías que impide cubrir los periodos de vacaciones u otras ausencias de los trabajadores son elementos que no debemos olvidar, porque dificultan la prestación de los servicios sanitarios de manera eficiente.

Y hay que destacar además que este año 2018 el porcentaje del PIB dedicado en España a sanidad se sitúa en el 5,8%, el primer año que este porcentaje ha bajado del 6%, alejándose de los países europeos con más inversión en sanidad. Se trata del nivel más bajo desde el año 2007.

Son factores que influyen en la sobrecarga laboral, en el incremento de las listas de espera y en el deterioro de la sanidad pública.

Actualmente estamos trabajando junto a la Subdelegación de Gobierno en Málaga en mecanismos de coordinación con las fuerzas de orden público para la activación y rápida intervención de Guardia Civil o Policía Nacional ante situaciones de violencia o agresión a trabajadores sanitarios, seguimos trabajando, pero no debemos olvidar que gracias a los profesionales sanitarios, a su esfuerzo y dedicación, más aun en los tiempos que aún continúan, de falta de recursos, son los que están manteniendo este servicio fundamental que es la sanidad pública.