¿Por qué me agredes?

El trabajador de la Sanidad, médico, enfermero o auxiliar, siempre ha sido el amigo de todos. Nunca ha sido un trabajador más, puesto que su campo de acción atañe a aquello cuya privación hace inviable cualquier desempeño vital: la salud. Las profesiones vocacionales, en tanto en cuanto tienen un componente emocional no tangible de dedicación y entrega, han estado clásicamente apartadas de la violencia y conflictividad ambiental. No recuerdo, durante los años en los que estudié Medicina a principios de los 90, noticias en los medios de comunicación relacionadas con agresiones hacia los profesionales sanitarios.

Sin embargo, la última década ha traído una novedad muy desagradable a nuestra profesión. Desde el año 2010, el Observatorio Nacional de Agresiones ha registrado un total de 8.904 casos de agresiones a sanitarios, entendiendo como tales las físicas (12%), los insultos (32%) y las amenazas (56%), que se reparten prácticamente por igual entre médicos (40%), enfermeros (30%) y auxiliares de enfermería (30%). Si revisamos los datos relativos a la enseñanza, en el pasado año 2017 se han registrado más de 2.500 casos agresiones físicas o amenazas de los alumnos a los profesores, con un incremento progresivo de más del 15% en cada uno de los últimos 5 años. Siendo aceptado por todos que la Sanidad y la Educación son los pilares básicos de nuestro estado de derecho e igualdad, y que sus profesionales de a pie son los verdaderos responsables (con su esfuerzo y compromiso) de que en los tiempos de crisis y recortes que hemos vivido recientemente nuestro país no se haya desmoronado por completo, es evidente que estamos ante una situación que refleja un problema social global y de valores por encima de todas las cosas. Hemos pasado de los tiempos en los que el médico y el maestro eran figuras de relevancia social a las que se les otorgaba un principio de autoridad a una época en la que nadie tiene nada que aportarnos que la 'world wide web' no nos pueda dar.

En mi opinión, son tres los factores que han favorecido el incremento de las agresiones sanitarias en los últimos años: los recortes relacionados con la crisis, la irrupción de los conceptos economicistas en la Sanidad y la perversa inversión política de la relación médico-paciente. La reducción del gasto en salud (más aún en Andalucía, que no olvidemos que es la comunidad autónoma que menos invierte 'per cápita' en gasto sanitario y en la que los profesionales tienen un salario más bajo) sí que supuso, en contra de lo que se nos pregonó de forma repetida, una merma en la calidad asistencial porque disminuyó el número de profesionales disponibles y generó un efecto embudo con necesidad de atender a más pacientes en el mismo tiempo en los Centros de Salud y un efecto llamada a colapsar por contrapeso los servicios de Urgencias. En los hospitales, además, aumentaron las listas de espera para asistencia en consultas externas especializadas, realización de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, pese a que las respuestas a todo esto desde el punto de vista de las administraciones de Sanidad fuesen que se «cumplían los plazos de los decretos de garantías». La llegada de la gestión clínica y la aposición de sus implicaciones economicistas a la Sanidad supuso de forma directamente proporcional una pérdida de la percepción humanista de la Medicina que la sociedad tenía, ya que fue la primera vez que se introdujeron elementos del control del gasto sanitario. La gestión clínica en los hospitales nunca ha sido real y a nivel de la atención primaria se ha traducido en mecanismos leoninos de control de la prescripción a los facultativos que han generado en los pacientes y sus familiares una restricción de su acceso a la farmacopea en relación más o menos directa con una menor voluntad del médico a expedir recetas, siendo esto una fuente de conflicto habitual. Finalmente, los nuevos tiempos han devenido en una estructura de la relación médico-paciente que convierte al paciente en 'usuario' o 'cliente' y lo hace ser el eje absoluto del sistema, dejando claro que los médicos y sanitarios somos elementos que interactuamos para que los 'usuarios' logren el mayor grado de satisfacción posible; esta palabrería, lejos de aportar nada nuevo porque los profesionales de la sanidad sabemos que nuestras batas blancas no son nada sin nuestros pacientes, sí que ha procurado presentarnos como elementos secundarios y ha distorsionado desde su raíz los nuevos escenarios de comunicación entre médicos y pacientes, creando con frecuencia un ambiente de demanda y reivindicativo.

Los esfuerzos de la Organización Médico Colegial y de los Colegios Profesionales han ido en la línea de apoyar a los profesionales mediante la creación de teléfonos de urgencias para agresiones de 24 horas y de la colaboración con el Ministerio del Interior, que diseñó en la anterior legislatura desde la Secretaría de Estado de Seguridad la figura de los interlocutores policiales territoriales sanitarios para el desarrollo de protocolos frente a las agresiones; ambas medidas son más efectistas que efectivas y está por ver que puedan tener algún impacto más allá del hecho de permitir que se registren de forma adecuada las agresiones. Las medidas que realmente tendrían su impacto para el control de esta lacra deberían, entiendo, establecerse a cuatro niveles: 1) información y formación real a la sociedad de la utilidad de las distintas herramientas de la Sanidad, haciendo que los pacientes conozcan de forma adecuada cuando y donde acudir cuando se encuentren mal y hagan un uso racional de los recursos; 2) aumentar los presupuestos de gasto público en salud, especialmente los referentes al capítulo de personal sanitario para que haya más disponibilidad del mismo y mejor remuneración, pudiendo recuperar el terreno humanista que se ha perdido; 3) generar una corriente de repulsa hacia las agresiones, denunciándolas de forma abierta y exponiendo a los agresores, sin olvidar que (tal y como hemos visto recientemente en Tenerife) de la agresión sanitaria al terrorismo en estado puro hay sólo un pequeño paso, y ese es la indignación subjetiva de un 'usuario'; y, 4) conseguir las implicaciones de las administraciones de Justicia (a nivel nacional o regional) para que se endurezcan los castigos y las penas contra los 'agresores sanitarios', de modo que sean proporcionales al atentado contra una autoridad pública, tal y como los sanitarios estamos reconocidos por ley y en virtud de lo cual, además, se nos considera siempre con el principio de veracidad. Esto es tarea de todos, y mientras todos no nos concienciemos, estaremos expuestos al guantazo tras la mesa de la consulta y, lo que es peor, a un deterioro de la relación médico-paciente que puede ser irreversible.