La administración no es el Gobierno

Ahora bien, tan cierto es que la Administración no es el Gobierno como que es el Gobierno el que la dirige. Y aquí se introduce una delicada línea que exige distinguir entre la dirección política de las administraciones públicas, que la Constitución exige atribuir a los gobiernos respectivos (nacional, autonómico o local), y la implementación de las políticas que cada uno de esos gobiernos decida, que debe atribuirse a una administración cuyos empleados deben cumplir con las directrices establecidas por su gobierno rigiéndose por criterios de profesionalidad, eficacia y con pleno sometimiento a la Ley. La necesidad de preservar esa diferencia es clara: en una democracia, los gobiernos cambian cuando cambia la mayoría, pero las administraciones permanecen. Una administración capaz de ejecutar las decisiones gubernamentales preservando al mismo tiempo su propia independencia al servicio del interés general es una garantía contra la ineficiencia, el despilfarro o el clientelismo que suelen aparecer cuando la lógica partidista invade la actuación administrativa.

La actuación de los políticos que forman parte de los poderes ejecutivos debería contribuir a preservar esa diferencia: nuestro sistema constitucional exige que concejales del equipo de gobierno municipal, consejeros autonómicos o ministros respondan solidariamente de la gestión política de los gobiernos a los que pertenecen. Pero debería evitarse que su implicación adicional en otras tareas ajenas a las responsabilidades de su departamento (como ostentar cargos orgánicos en su partido o ejercer de candidatos o de líderes de la oposición frente a otros gobiernos) o un activismo desaforado en foros o redes sociales oscureciera el hecho de que, al mismo tiempo, encabezan los departamentos en los que se organizan las administraciones públicas que están al servicio de todos los ciudadanos.