El expresidente andaluz José Antonio Griñán negó ayer ante el instructor del Tribunal Supremo cualquier responsabilidad en el fraude de los ERE, tanto como consejero de Hacienda cuanto como jefe del Ejecutivo autonómico. Según su declaración, ni fue alertado del fraude, ni puso en marcha un plan para defraudar, ni se percató de que en el presupuesto de Empleo había un agujero. El Supremo deberá ahora decidir si, con los indicios de que dispone, formula o no alguna acusación concreta contra Griñán. En cualquier caso, y con independencia de la decisión de los tribunales, deberá dirimirse también si existe además alguna responsabilidad política in vigilando, figura vidriosa que, de aplicarse, debería extenderse a todos los casos de corrupción de todo el Estado, lo que nos llevaría a conclusiones como mínimo delicadas. La posición de Griñán está afectando a la gobernabilidad de Andalucía, ya que las minorías surgidas de las últimas elecciones han puesto como condición para permitir a Susana Díaz ser investida presidenta que Chaves y Griñán dejen sus escaños socialistas en el Senado y el Congreso respectivamente. Frente a esta condición, lo lógico sería que ambos expresidentes pusieran temporalmente el carné del partido a disposición del PSOE, hasta que la justicia les dé o les quite la razón, y dejen de ser un obstáculo para su propia formación.
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