El proceso

Algunos de los aforados del PSOE a los que el Tribunal Supremo investigará por el caso de los ERE fraudulentos debieron recordar a Josef K. al recibir la noticia del encausamiento. El protagonista de 'El Proceso' de Franz Kafka aguardaba el desayuno en la cama cuando un señor de negro le detuvo sin saber por qué. Los aforados, Chaves y Griñán entre ellos, almorzaban cuando supieron por los digitales que el Tribunal Supremo abría causa de investigación contra ellos. Como ocurre casi siempre en este país, los interesados son muchas veces los últimos en conocer lo que les afecta de una causa judicial.

Ninguno de ellos puede decir, sin embargo, que no esperaba la investigación tras el escrito del fiscal instando a ello y después de un año siendo señalados por la instructora de los ERE, Mercedes Alaya. Quedan, pues, lejos del asombro que experimentó Josef K. esa mañana.

Al igual que en la novela lo que trasciende del proceso que el Tribunal Supremo abre a los dos expresidentes es una gran incertidumbre y confusión. Nadie sabe qué derroteros jurídicos va a tomar. Estos días se escucha a juristas decir que serán imputados, pero la mayoría no irán a juicio. Lo verdaderamente kafkiano es que se diga que se les impute por la presión social, ese tribunal inalcanzable que desespera a K.

Una presión social hastiada por los escándalos de corrupción, y el de los ERE es desde luego un escándalo de lo más chusco. Pero no es de corrupción de lo que Alaya acusa a los expresidentes aunque se le haya dado esta apariencia. La Fiscalía ya deslinda la ejecución de las ayudas en Empleo, origen del fraude, del procedimiento administrativo. Pero eso es entrar en una letra pequeña que a pocos ha interesado leer y defender. Hasta Susana Díaz y Pedro Sánchez la obvian para pedir la dimisión si hay imputación de delito.

Hasta ahora ninguna instancia judicial ha entrado al fondo de la gran cuestión planteada por la jueza sevillana y ahí radica esa persecución kafkiana que ha acompañado el caso de los ERE en lo concerniente a los expresidentes y demás cargos.

Ni la Audiencia Provincial de Sevilla ni los fiscales en sus numerosos escritos sobre el caso han querido nunca considerar si hay delito penal en idear y aprobar un sistema de subvenciones a empresas por muy inadecuado que este sea. Tampoco han analizado si los indicios de Alaya sobre la confabulación de los supuestos 'ideólogos' para que ese sistema favoreciera a amigos y socialistas se sustentan en pruebas. Todas las instancias judiciales se han escapado agarrándose siempre a los aspectos formales.

Ahora el Tribunal Supremo deberá poner luz a la gran discusión. Los magistrados tendrán que decidir si respaldan la tesis de la jueza sevillana y qué pruebas hay. Lo que dicten sentará precedentes e incluso jurisprudencia, ya que pocas veces o ninguna se ha visto a un juez de instrucción cuestionar como delito la gestión de un ejecutivo.

Porque no se trata solo de Chaves, Griñán y de los nueve aforados, sino que Alaya ha acusado de lo mismo a una cuarentena de cargos, casi todos los primeros escalafones de cuatro consejerías de una década. Si el Supremo inculpa y condena a los aforados, todos los demás caerán como fichas de dominó. Si los exculpa y archiva la causa, deberá producirse el mismo efecto. En este caso podrán poner un final feliz a la novela que el gran checo no pudo acabar y que empieza así: «Alguien tenía que haber calumniado a Josef K, pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo».