Los imputados

Parece el título de una película o de una serie de televisión. Como 'los intocables', 'los impostores', 'los mercenarios', 'los debutantes' o 'los agrimensores'. En estos tiempos se habla mucho de imputados. Es una palabra fea, una palabra que, más allá de su exacto significado, suena mal y fuerte. Más allá de la técnica de uso del léxico jurídico, también está la fonética que, ciertamente, no es inocua.

De acuerdo con la ley, imputado es la condición que adquiere una persona afectada por una investigación penal como sospechosa de un delito, que puede o no haber cometido. Una fase del procedimiento en la cual el juez investiga si hay base para sostener una acusación por la existencia de un presunto hecho punible. Un imputado, pues, no es ni siquiera un acusado. Del procedimiento y sus propias declaraciones se deducirá si resulta acusado o deja de ser considerado como tal imputado. Y, por supuesto, nunca debemos olvidar que hasta que se dicte sentencia, dicha persona, por mucho que haya sido imputada o acusada, sigue siendo inocente (art. 24.2 de la Constitución española).

Es lo que las palabras significan realmente, a veces lo que esconden. Porque, a vuelapluma, hace tiempo que parece que unos y otros decidimos que podíamos tirarnos a la cabeza la palabreja, a modo de grave reproche, para vergüenza del contrario. Ello o el continuo rasgarse las vestiduras de los observadores, sin calibrar demasiado bien de qué hablamos. Ahora bien, siempre es mejor no estar imputado, porque tampoco imputado es lo mismo que nada, pero la denuncia o la sospecha nunca es ni debe ser suficiente para causar situaciones definitivas.

Es inevitable que al acercarnos a una descrita situación, con sus detalles, sus inexactitudes y sus resultados -aparentes o reales-, nos hagamos una composición de lugar y saquemos nuestras propias conclusiones. Hay un teorema sociológico que refleja que «si las personas definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias». Es difícil impedir que en nuestro ser más íntimo no se formulen culpabilidades o inocencias a la luz de la información de que disponemos. Pero las garantías jurídicas se han creado y legislado para llegar a la verdad, para poderla demostrar y que el estado, a la luz de los hechos, aplique la ley.

También es cierto y hasta evidente que, en el debate político en general, los correligionarios suelen minimizar las debilidades propias, las sospechas sobre la conducta de los cercanos y los tropiezos judiciales, a la vez que muestran su desafecto y altas exigencias de asunción de responsabilidad cuando se trata de los contrarios. Quizá sea un ejercicio inconsciente, o puede que se trate de un acto de pensada parcialidad. Lo cierto es que, por mucho que cueste aceptarlo, las reglas deben ser las mismas para todos, siempre deben ser las mismas. Hay que exigir que los demás se comporten exactamente tal y como estamos dispuestos a comportarnos. Pedir o exigir tanto como nosotros estemos decididos a dar. Pero esto no suele ocurrir.

Hace unos días, un medio de comunicación daba a conocer una noticia sobre el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, en relación a la existencia de determinado número de viajes con cargo a las Cortes Generales. El medio informador daba por hecho el motivo privado de tales desplazamientos y, por tanto, dejaba al aire la exposición de una actuación no ilegal pero sí inadecuada o poco edificante. El secretario general del PSOE se apresuró a exigir la dimisión inmediata del dirigente extremeño, aún sin pruebas ni cercano conocimiento de explicaciones y hechos. A poco de ello, de una condena y una consideración de culpabilidad social generalizada, Monago ha dado explicaciones, expuesto argumentos y aportado documentos, que dejan a sus acusadores bastante desnudos. A pesar de ello, el daño está hecho y las revelaciones sobre la vida privada del político autonómico y las sugeridas sospechas van a quedar. Algunos han pedido disculpas, otros lo harán en voz muy baja, muchos no pedirán perdón, hay quienes seguirán sospechando y también quienes buscarán más respuestas para poderlas afear, ya sea porque así lo creen o porque han decidido no reconocer errores.

De otro lado, al conocerse que el Tribunal Supremo ha decidido investigar a los ex presidentes de Andalucía, Chaves y Griñán, por su posible implicación en la comisión de conductas delictuales en el caso de los falsos ere, la prudencia y el argumento del principio de presunción de inocencia han coronado las explicaciones del mismo secretario general, Pedro Sánchez. Puede que lleve razón Sánchez Pérez de Castejón al referirse así a la situación de sus compañeros de partido, pero se echa en falta que lo haga también en otros casos, que lo haga y diga siempre igual, en todos los casos. Porque de lo contrario no podremos fiarnos de él. ¿Rectificará el jefe de los socialistas su condena al señor Monago? Puede que las explicaciones dadas no le parezcan suficientes, pero ¿tenía suficientes razones e información para acusarlo y pretender expulsarlo?

Hay que blindar nuestro sistema contra la corrupción, hay que hacer pagar a los culpables e impedirles continuar en sus cargos. Es necesario que cunda que la conducta de todos debe ser ejemplar y ajustada a derecho. Todos debemos contribuir a ello, exigiendo que los culpables paguen y que los inocentes no lo hagan, de ninguna manera; pero sean nuestros amigos y compañeros o sean nuestros adversarios.