La Junta advierte: los ERE fueron el mayor caso de corrupción «diga lo que diga el Constitucional»

El Constitucional debate desde este miércoles el recurso presentado por Álvarez y de la decisión que adopte se pueden desencadenar con efecto cascada sentencias similares que afecten al conjunto de los condenados.

Después de que el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, anunciara la presentación de una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por entender que el Gobierno andaluz intenta «orientar» la decisión del Constitucional, el portavoz de la Junta aseguró que nunca puso en cuestión a este tribunal, aunque señaló que así como Cándido Conde-Pumpido se abstuvo de pronunciarse sobre este asunto cuando estaba en el Supremo, del mismo modo debería hacerlo ahora desde la presidencia del Constitucional.

Fernández-Pacheco recordó el mitin celebrado en Benalmádena durante la pasada campaña electoral cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elogió la figura de Magdalena Álvarez y llamó la atención sobre el hecho de que después de ese homenaje se conociera la ponencia de una magistrada del TC favorable a la anulación de la condena por prevaricación que pesa sobre la exministra. El portavoz de la Junta preguntó si Sánchez ya conocía esa circunstancia y si conoce también cuál será la decisión del Constitucional.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, recordó que la causa ha sido vista por 20 jueces, contando los que dictaron la sentencia en primera instancia en la Audiencia de Sevilla y los que la confirmaron posteriormente en el Tribunal Supremo. Señaló que ninguno de ellos cuestionó que se hubiera cometido el delito de prevaricación, ya que las discrepancias, que se tradujeron en votos particulares en el Supremo, giraban en torno a la malversación. Tampoco la Fiscalía, recordó Sanz, puso en cuestión el motivo por el que fue condenada Álvarez a la pena de inhabilitación que aún pesa sobre ella.

El consejero se preguntó por qué ahora la Fiscalía cambia de opinión y cómo puede ser que ahora si se cuestione que se cometió el delito de prevaricación.

Sanz reivindicó el derecho de la Junta de Andalucía a opinar sobre este procedimiento ya que como Administración perjudicada tiene la obligación de reclamar y recuperar el dinero malversado. Por ese motivo, señaló que al Gobierno andaluz le preocupa profundamente si esta causa queda impune. «Tenemos la obligación, la responsabilidad, de luchar por el último euro de cada andaluz que se robó del dinero de los parados«, dijo tras reivindicar el derecho del Gobierno andaluz a expresarse libremente.

Sanz respondió de esa manera al anuncio de Espadas de que pedirá al CGPJ que llame al orden a la Junta de Andalucía. «El PP, que da lecciones sobre el respeto a la separación de poderes, no tiene el más mínimo empacho en desaconsejar a los magistrados del Tribunal Constitucional para que estudien o discrepen sobre la sentencia del Tribunal Supremo. Es inaceptable y desde el PSOE vamos a plantear una queja al CGPJ para que tome cartas en el asunto y llame al orden a Moreno y a sus consejeros», afirmó.

La polémica se prolongará al menos 24 horas más. El pleno del Tribunal Constitucional, que se reunió este martes y comenzó a deliberar sobre el recurso de Magdalena Álvarez a partir de una ponencia que propone anular la sentencia, interrumpió el debate a mediodía y lo retomará el miércoles.