La teniente fiscal del Supremo fija criterio y descarta imputar terrorismo a Puigdemont

Sánchez-Conde hace prevalecer su posición en el escalafón con un pronunciamiento que, frente al que defienden 12 de los 15 fiscales de la junta del Supremo, se alinea con las tesis del fiscal de la Audiencia –frontalmente opuesto al ahínco con que García Castellón investiga a Puigdemont– y del primer ponente del caso en el alto tribunal, Álvaro Redondo; este último varió su borrador inicial, que apuntaba a la posibilidad de encausar    por terrorismo al exjefe del Govern huido en Waterloo, en los días en los que también mantuvo una reunión con el fiscal general, García Ortiz. La decisión de la teniente fiscal, que no prejuzga lo que resuelvan los magistrados de la Sala de lo Penal, incide en la polémica que sigue rodeando el sumario, con el pulso entre García Castellón y el fiscal de la Audiencia y entre éste y la mayoría de sus colegas del Supremo que sitúan a Puigdemont como «líder absoluto» de Tsunami.

Ese es el señalamiento que figura en el dictamen de los togados, filtrado el miércoles a todas luces para dejar constancia de su parecer ante el que se presumía, en dirección contraria, de su superior jerárquica. La conclusión de Sánchez-Conde es que el Supremo debe declarar el archivo de la causa y devolverla al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia, el de García Castellón, para que finalice la investigación al no encontrar «indicios de criminalidad suficientes» para imputar a los dos aforados.

En su escrito, la número dos de la Fiscalía General no cuestiona la naturaleza indiciariamente «delictiva» de los hechos atribuidos a Tsunami Democràtic –«se produjeron gravísimos incidentes con enfrentamientos con la Policía (…) y lesiones y graves daños»–, pero cree que pueden subsumirse en tipos penales, se entiende que diferentes de los de terrorismo. Es ahí donde discrepa radicalmente de García Castellón, al que advierte de que «no basta con cualquier sospecha o conjetura», sino que es preciso que la imputación se apoye en indicios «fundados y serios» y en una imputación «clara y concreta».

Sánchez-Conde recuerda que no se investiga a Puigdemont por su participación directa en los actos violentos, sino por su presunta responsabilidad orgánica al frente de la organización de Tsunami Democraàtic, a la que el juez define como «una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia». La fiscal lo cuestiona de raíz, tratando de desmontar una por una las pruebas en las que se ampara el magistrado tanto en el caso del expresident como de Wagensberg, y concluye que no se sostiene que el líder de Junts dirigiera las protestas de la plataforma que, entre otras actuaciones, asaltó el aeropuerto de El Prat. La investigación cifra en 2,4 millones el coste de los disturbios provocados por el grupo en distintos puntos de Cataluña.