El TC no impedirá que se pregunte al tribunal europeo por las exculpaciones de los ERE

«Me preocupa muchísimo, porque cuestionar al TC es cuestionar a la Constitución, cuestionar la legitimidad para poder dictar sentencias que sometan a los poderes públicos es de alguna manera cuestionar también el sistema democrático», manifestó Conde-Pumpido, en el marco de un desayuno informativo celebrado en el Ateneo de Madrid.

No obstante, la inquietud del presidente no será obstáculo para que la corte de garantías dé vía libre para que la Audiencia de Sevilla presente la citada cuestión prejudicial ante al TJUE. Cinco informes de los letrados del tribunal de garantías, uno de ellos pedido por el propio Conde-Pumpido, no ven impedimento para que la sala andaluza eleve consultas a la justicia europea ante una sentencia que exoneró a Griñán del delito de malversación, un ilícito especialmente perseguido por las instituciones de la Unión. El asunto será debatido por el pleno del TC que comienza este martes como «una cosa interna», en palabras de su máximo responsable, por lo que lamentó que desde la institución, en referencia implícita al bloque conservador, se haya «trasladado» el asunto al debate público en una especie de «juicio paralelo» en medios de comunicación y redes sociales y la filtración de los informes de los letrados sobre este asunto.

En suma, Conde-Pumpido explicó que desde el TC no tienen intención de interferir en lo que decida la Audiencia de Sevilla: «Respetamos la autonomía de cualquier órgano jurisdiccional», aseguró, aunque eso no quita para que convoque un debate interno en el tribunal que preside porque se trata de un «asunto novedoso y tenemos la obligación de reflexionar sobre ello». Sobre este extremo, precisó que en los 40 años que España lleva dentro de la Unión Europea «siempre» se han presentando las cuestiones prejudiciales como «asuntos primarios», es decir, «antes de dictar sentencia» para que el tribunal con sede en Luxemburgo establezca la interpretación correcta del Derecho de la Unión.

Así, incidió en que «nunca» antes se había planteado consultar después de una sentencia firme y de que incluso se pronunciara el Constitucional. No obstante, como un velado aviso a navegantes, recordó que la Ley Orgánica del propio tribunal establece que debe «velar por la ejecución de sus resoluciones».

Preguntado sobre cuándo se pronunciará el TC sobre la ley de amnistía, el magistrado reiteró que la corte de garantías no tiene solo un caso que resolver, sino 30: el recurso de los diputados del PP, 15 recursos de comunidades autónomas, seis cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Audiencia Provincial de Madrid, y ocho recursos de amparo.

Según ha manifestado Conde-Pumpido, se ha elegido un procedimiento de cabecera, el recurso del PP, para resolver la constitucionalidad o no de la norma. La ponencia de dicha sentencia ha recaído en la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán. «No es un solo problema, son muchos. El recurso del primer partido de la oposición, es un buen recurso, bien argumentado. Tenemos que responder bien», afirmó. Con todo, señaló que la intención es que el tribunal pueda contestar a los recursos en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, es decir, antes del verano.