El TC encara el debate sobre la amnistía tras casi dos décadas marcado por Cataluña

El trabajo al que se enfrenta el tribunal a partir de ahora es de una envergadura notable. En total y hasta el momento, tiene ante sí 20 apelaciones diferentes sobre las que deberán estudiar, debatir y pronunciarse los vocales. Por una parte, hay registradas ya cuatro cuestiones de inconstitucionalidad: la primera, la elevada por el Supremo (el tribunal nuclear en el encausamiento y condena de los líderes políticos de la tentativa separatista del otoño de 2017), que ya ha sido admitida a trámite; y otras tres cuestiones planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Cada una de ellas cuenta con un ponente diferente y su cifra puede seguir subiendo, porque los tribunales no tienen un plazo fijo para apelar.

Por otra, se han presentado 16 recursos -distintos a las cuestiones, que son las propias del ámbito judicial- de inconstitucionalidad: uno promovido por el PP, a través de sus diputados y senadores; 14 planteados por los gobiernos y parlamentos de comunidades autónomas en manos de los populares; y la objeción elevada igualmente por el Ejecutivo de Castilla-La Mancha que lidera el socialista Emiliano García-Page.

El TC no resolverá hasta 2025 estas apelaciones. Pero la cascada de iniciativas que dudan de la legalidad de la norma pactada por Pedro Sánchez con Junts y ERC para atar su investidura sitúan ya a la institución que preside Cándido Conde-Pumpido ante un dilema de similar trascendencia al que la desangró por el Estatut. Incluso, de mayor complejidad jurídica, según admiten en la propia corte de garantías, donde recuerdan que entonces se enfrentaron 'solo' a siete recursos de administraciones populares y del Defensor del Pueblo, pero no del Supremo y tribunales superiores.

En la también agria polémica a cuenta de la reforma estatutaria catalana, el El PP recurrió el texto en agosto de 2006, lo que significa que el Constitucional lleva casi dos décadas marcado, como el contexto político español, por la denominada cuestión catalana. La sentencia que recortó en 2010 los artículos de la ley de autogobierno llamados a reforzar el carácter nacional de Cataluña sigue siendo esgrimida por los independentistas (argumento asumido en buena medida por el PSC) como el detonante de la pulsión rupturista que se desató en los años posteriores. No obstante, y aunque las deliberaciones agrietaron al límite el TC, la anulación final de los 14 preceptos más cuestionados salió adelante por ocho votos a dos tras los esfuerzos ímprobos por ofrecer una imagen que se aproximara a la unanimidad.

Ahora, casi dos décadas después, los magistrados del Constitucional deberán dictaminar sobre la ley seguramente más controvertida desde la aprobación de la Carta Magna con la incógnita de si los siete integrantes de la mayoría progresista y los cinco del ala conservadora mantendrán o no los bloques.

Lo que parece claro es que la unanimidad (o acercase a ella) constituye una quimera en lo que se refiere a la amnistía. Las trincheras, admiten en la corte, están mucho más marcadas que entonces. No obstante, nadie asegura que el voto en este debate tan profundo se vaya a dividir milimétricamente entre los dos frentes clásicos, tal y como ha venido sucediendo en los casos recientes de mayor calado político como los ERE o los estados de alarma decretados por Sánchez durante la pandemia.

En principio, la primera de las apelaciones que se resuelva -que en el tribunal quieren que sea la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo que se admitió a trámite el miércoles- debería marcar la pauta sobre el resto. Pero nadie se atreve a hacer vaticinios. Sobre todo, porque el juego de recusaciones no está resuelto después de que ese mismo miércoles, el pleno aceptara la abstención voluntaria de Juan Carlos Campo, ministro de Justicia de Pedro Sánchez entre 2020 y 2021, quien entonces ya efectuó «una valoración expresa y genérica sobre la inviabilidad constitucional de la ley de amnistía».

La salida de Campo deja la correlación de fuerzas en seis a cinco todavía, sobre el papel, a favor del bloque progresista, pero tanto el PP como ocho ejecutivos y parlamentos de comunidades comandados por los de Alberto Núñez Feijóo han pedido que sean apartados del debate y la votación el presidente Conde-Pumpido, con el argumento de que en su día fue fiscal general nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero; y Laura Díez, exalto cargo en la Moncloa con Sánchez.

Pero incluso cabría la posibilidad de que en la avalancha de apelaciones ya presentadas y posibles ante el Constitucional (entre ellas un hipotético recurso de amparo de Carles Puigdemont por la negativa del Supremo de exonerarlo del delito de malversación), también se incluya la recusación del último vocal incorporado al Constitucional, el conservador José María Macías. En su anterior cargo como vocal del Consejo General del Poder Judicial promovió un informe contrario a la amnistía.

De aceptarse esas tres recusaciones (las dos ya oficializadas del presidente y Díez y la posible de Macías), el Constitucional no podría permitirse ni una sola baja más porque el mínimo para cualquier decisión son ocho vocales. Pero la hipótesis de que prosperen esos vetos que pueden alterar el equilibrio en la corte es «ínfima», según reconocen todas las fuentes consultadas. Recuerdan que el propio tribunal ya zanjó en 2021 y 2022 que la personalidad y trayectoria de los vocales solo por sí sola no constituyen motivos de recusación, ya que «la imparcialidad (.) no equivale a un mandato de neutralidad general».

En el Constitucional esperan resolver el tema de las recusaciones de Conde-Pumpido y Díez, rechazando ambas, a finales de este septiembre y, a partir de entonces, volcarse en 'regular el tráfico' de ponencias. Y es que dado que la corte va a tener estudiar 20 apelaciones diferentes, cada uno de los 11 vocales (todo el pleno menos el presidente) va a tener que redactar, al menos, un borrador de sentencia sobre la legalidad o no de la amnistía, aunque la mayoría tendrán que hacer dos textos. Y evidentemente -ya adelantan en el tribunal- va a haber «diferencias notables» entre los magistrados.