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Cristian Reino
Lunes, 12 de abril 2021, 12:16
El Tribunal Supremo ya no juzgará a Laura Borràs. Lo hará, si la causa llegara hasta el final, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. El Tribunal Supremo ha enviado esta mañana el caso Borràs al TSJC, después de que la presidenta de la Cámara ... catalana dejara de ser ser diputada en el Congreso y por tanto dejara de ser aforada en el Parlamento español. Tras cesar como diputada en las Cortes encabezó la lista de Junts a las elecciones autonómicas, donde fue elegida diputada y más tarde presidenta del Parlament. De ser aforada en el Congreso, ha pasado a ser aforada en el Parlament, y por tanto los casos que afectan a los aforados autonómicos dependen del tribunal superior de cada comunidad autónoma, en este caso el TSJC. El Supremo abrió una causa penal contra Borràs en diciembre de 2019. Llegó a solicitar el suplicatorio al Congreso, que votó a favor de que se investigase a la dirigente nacionalista. La líder nacionalista compareció el 22 de julio en el Alto Tribunal español, pero se negó a declarar. El Supremo ha remitido la causa al TSJC para que continúe la investigación llevada a cabo por el magistrado de la Sala Segunda, Eduardo de Porres, que tenía muy avanzada la instrucción.
La dirigente de Junts siempre ha negado las imputaciones y las atribuye a una persecución política como consecuencias de su condición de líder secesionista. Borràs está investigada por haber adjudicado presuntamente a dedo una serie de contratos a un amigo por valor de casi 260.000 euros durante su etapa como directora de la Institución de las Letras catalanas. Fue el cargo que ocupó antes de que Quim Torra la reclutara como consejera de Cultura, desde donde se convirtió en cabeza de lista por JxCat en las generales. Borràs está imputada por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental, por los que se enfrenta a una pena de quince años de cárcel.
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Su situación judicial estuvo en boca de todos antes de su elección como presidenta del Parlament. Especialmente por los grupos de la oposición, que recordaron un artículo del reglamento de la Cámara catalana que establece que si un diputado es procesado por una causa relacionada con la corrupción deberá ser acordada la «suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata». «Yo no he cometido ningún delito, lo digo y lo diré. Que nadie sufra por el artículo 25.4 porque Laura Borràs no se siente apelada», ha afirmado esta mañana en RTVE, antes de conocer la decisión del Supremo. Borràs maniobró al inicio de la legislatura para modificar ese punto del reglamento que podría afectarle si el TSJC llegara a decretar la apertura de juicio oral. «Que no respeta la presunción de inocencia es evidente. La Comisión del Reglamento es quien decidirá qué quiere o no modificar», ha advertido.
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