El Supremo asume la investigación por rebelión de los exmiembros del Govern y los 'Jordis'

El magistrado del Supremo Pablo Llarena deberá ahora decidir si libera al exvicepresidente Oriol Junqueras y a los siete exconsellers en prisión antes de las elecciones de 21 de diciembre. También Llarena, que desde el principio se había mostrado dispuesto a hacerse con toda la investigación, deberá acotar definitivamente los delitos de los que se acusa a los imputados en esa futura megacausa, que por ahora están investigados por rebelión, sedición, desobediencia, prevaricación y malversación.

La unificación en un gran procedimiento de toda la investigación sobre el "procés" supone incluir en el mismo sumario los hechos acaecidos desde inicios de septiembre, con la aprobación de las denominadas leyes de desconexión, hasta la huida de Puigdemont a Bélgica a finales de octubre. Un espacio temporal que también incluye los preparativos durante meses de la consulta ilegal y el uso de fondos públicos para esta operación; la aprobación de la propia declaración de independencia el 27 de septiembre en el Parlament; o los intentos de destrucción de pruebas posteriores, entre otras muchas cuestiones.

En su auto Pablo Llarena justifica la unificación "por la conexión material inescindible de la naturaleza de los hechos que se están investigando en el Supremo en la causa relacionada con el proceso secesionista". Llarena acuerda que la juez Lamela debe continuar investigando la actuación del exmayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, la intendente Teresa Laplana, así como de cualesquiera otros eventuales responsables sobre los que la investigación proyecte indicios de responsabilidad. El magistrado reclama al Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional la parte de la causa relativa al Govern cesado y a los responsables de ANC y Òmnium, que queda incorporada a la que ya se sigue contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros 5 miembros de la Mesa.

El magistrado recuerda que la unificación del procedimiento tiene una finalidad funcional, concretada en la facilitación de la tramitación y en resolver los problemas derivados de la inescindibilidad del enjuiciamiento. En el presente caso, Llarena señala que uno de los delitos investigados es el de rebelión, que tiene un carácter plurisubjetivo, con una pluralidad de partícipes, lo que marca la necesidad del enjuiciamiento conjunto.

No obstante, Llarena considera que en el presente caso no se observa esa conexión material inescindible en la actuación de todas las personas investigadas en relación con el proceso secesionista de Cataluña. Así, el juez distingue entre “la actuación de los miembros del Govern y la de los presidentes de ANC y Omnium, hasta el punto de que sólo la intervención coordinada de todos ellos es la que puede llenar de contenido el injusto contemplado en el delito de rebelión”, y la actuación de los Mossos que describe Lamela en su informe, así como la de un conjunto de personas que han podido colaborar en la elaboración de las leyes cuestionadas.

Para el magistrado, participaciones como la de Trapero, Laplana y aquellas otras semejantes que surjan a lo largo de la investigación no impiden que puedan examinarse de manera autónoma, "son así participaciones añadidas, que con independencia de cuál sea su relevancia en el desarrollo natural de los hechos, no justifican modificar las normas de competencia ordinaria para los que resulten afectados".

Entre estas intervenciones, explica Llarena en su auto, "está la de quienes se encontraban subordinados, en este caso concreto, al consejero de Interior: Trapero y Laplana. Sin perjuicio de que pueda resultar necesario revisar la decisión en un futuro, su participación, por relevante que sea, no compromete la calificación y el enjuiciamiento que pueda surgir de esta causa especial, no pudiéndose modificar la competencia ordinaria por no concurrir el elemento de la inescindibilidad respecto de ellos".