ERC sube el listón y exige a Sánchez que el diálogo sea entre los gobiernos

Los republicanos pretenden que los equipos negociadores designados acuerden el marco general en el que después la Moncloa y la Generalitat deberían llegar un acuerdo. Un planteamiento que supone una vuelta de tuerca porque los socialistas partían de la idea de que la mesa de diálogo debía de estar formada por su portavoz parlamentaria Adriana Lastra, los secretarios de Organización de PSOE y PSC, José Luis Ábalos y Salvador Illa, mientras que por Esquerra estarían Gabriel Rufián, Vilalta y el presidente del consejo nacional del partido, Josep María Jové, imputado en una de las causas del 1-O que se instruyen en Cataluña.

El diálogo, además, debe contemplar cuatro premisas «muy claras», según los republicanos. La mencionada de que lo protagonizarían los gobiernos y no los partidos; no habría temas excluidos y se podría hablar «de todo»; con un calendario; y con garantías de cumplimiento de los acuerdos. Esquerra ha adelantado que pondrán sobre la mesa la amnistía para los líderes del 'procés' condenados y la autodeterminación. Una pretensión que hará saltar chispas porque el PSOE ya ha dejado claro que la agenda no puede desbordar los límites constitucionales, y en ellos no encajan los dos asuntos que los republicanos quieren poner sobre la mesa.

Esquerra ha dado este paso acogotada por las críticas de sus sectores más radicales y por la presión de Carles Puigdemont, Quim Torra y JxCat, que denunciaron que el diálogo entre partidos era «un paripé» para escenificar un acuerdo precocinado. Fuentes republicanas salieron ayer al cruce para asegurar que si plantean una negociación al más alto nivel es porque buscan la solución del conflicto en Cataluña no para dejar que pase el tiempo y entregar su respaldo gratis a la investidura del líder socialista.

Ni la Moncloa ni el PSOE respondieron ayer al último paso de Esquerra, pero el líder del PSC apuntó que «no debe ser una cuestión insalvable». Si se está de acuerdo, explicó Miquel Iceta, en que el diálogo es «la fórmula», la única línea roja es «el marco de la ley». No va a ser un proceso fácil, es más, avisó, serán «unas negociaciones complejas y delicadas». Unas dificultades que ponen en entredicho el objetivo de Sánchez de formar su Gobierno en las «próximas semanas», en todo caso antes de fin de año.

Entre los socialistas, a pesar de estas nuevas exigencias, reina el optimismo respecto a la investidura, aunque los números digan en este momento que no es posible porque hay más rechazos, 181 diputados, que apoyos, 169. «Está todo bastante hablado», dicen voces del PSOE que exigen anonimato. «Soy muy optimista», apuntó esta semana el ahora socio Pablo Iglesias. Incluso un tercero, el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, salió el lunes de la reunión con Adriana Lastra con la impresión de que el PSOE tiene «un convencimiento pleno» de que solventará la investidura. Hasta PP y Ciudadanos lo ven así y creen que Sánchez «lo tiene hecho» con Esquerra.

La consulta entre los militantes republicanos que se va a celebrar mañana tampoco es vista como un obstáculo por los socialistas. Dan por descontado un apoyo abrumador al rechazo a la investidura si antes no se constituye una mesa de negociación. En el PSOE entienden que Esquerra no puede abstenerse gratis, como hizo en julio, porque las acusaciones de traidor, que ya se leen en pintadas callejeras y se escuchan en boca de los sectores más radicales, arreciarían y las elecciones en Cataluña se van a convocar en los próximos meses.

Concurrir a esa cita con las urnas con el baldón de colaboracionista es un lastre para ganar y gobernar la Generalitat, que es el objetivo por encima de todos de Oriol Junqueras y su partido. Esquerra, terció el histórico dirigente de CiU Josep Antoni Duran i Lleida, «sabe que una abstención a la investidura o está muy bien agarrada y motivada o será muy criticada por los otros independentistas».

La de Esquerra no es la única negociación que Sánchez tiene en marcha. En paralelo desarrolla otra con Podemos sobre la distribución de carteras gubernamentales y las competencias de las mismas. Se podría pensar que negociar un gobierno sin tener cerrada la investidura se ajusta al dicho de vender la piel del oso antes de cazarlo, pero no. Socialistas y morados tienen mucha fe en que la investidura de Sánchez saldrá adelante con la abstención de los 13 diputados republicanos.

Las negociaciones con Podemos, a diferencia de las de julio pasado que fueron trasmitidas casi en directo, se llevan a cabo con absoluta discreción. Algunas fuentes afirman que el pasado lunes hubo un encuentro secreto de Sánchez e Iglesias en la Moncloa, pero en los entornos de ambos ni se confirma ni se desmiente. Ha trascendido que el líder de Podemos será vicepresidente y que Unidas Podemos se encargarán de las carteras de Trabajo, sin Seguridad Social, Igualdad y Universidades.

Se sabe que no habrá vetos, como el de Iglesias el pasado verano, ni un modelo mixto de gestión, es decir cada formación asumirá sus áreas sin participación de la otra. No se dará el caso, por ejemplo, de un ministro de Podemos y un secretario de Estado del PSOE, o viceversa. Una fórmula que se utiliza en la Generalitat de la Comunidad Valenciana. Y poco más se sabe porque el silencio es sepulcral, aunque el clima no tiene nada que ver con el de las borrascosas reuniones de hace cuatro meses.

Pero ambas negociaciones van encadenadas. El fracaso de una de las dos acarrearía el final de la otra, y frustraría una vez más la investidura de Sánchez. Un escenario que nadie en el PSOE y Podemos quiere imaginar. Tampoco Esquerra, pero no puede ofrecer su apoyo a cualquier precio porque su prioridad no es que el líder socialista siga en la Moncloa, es regresar al Palau de la Generalitat. Josep Tarradellas fue el último republicano que la presidió.