El Gobierno descarta que el diálogo y la relación con Esquerra se vean afectados

La prueba de que el arresto del expresidente catalán cogió al Ejecutivo a contrapié está en la propia agenda del presidente, que este viernes volvía a desplazarse a La Palma para gestionar 'in situ' la situación provocada por la erupción del volcán Cumbre Vieja. También en el tiempo que llevó a la Secretaría de Estado de Comunicación reaccionar a la noticia, mientras la mayoría de fuerzas políticas, incluida ERC, hacían sus primeras valoraciones a través de las redes sociales.

Casi cuatro horas después, pasada la una de la madrugada, el Gobierno remitió una nota de tres párrafos en la que, por un lado, se desvinculó de la actuación de la policía italiana, consecuencia de la orden de busca y captura internacional emitida por el Tribunal Supremo, y por otro, advirtió de que el expresidente de la Generalitat «debe someterse a la acción de la Justicia, exactamente igual que cualquier otro ciudadano». El mismo Sánchez insistió en este argumento en la declaración institucional que haría ya desde Canarias, hacia las 13:00 horas, tras pedir insistentemente perdón a los palmeros por referirse a algo ajeno a su drama.

Lo mollar, políticamente hablando, de la intervención del jefe del Ejecutivo fue, sin embargo, su apelación a mantener la hoja de ruta marcada hace menos de diez días en el Palau de la Generalitat. «El mensaje que quiero trasladar es de compromiso y de reivindicación, hoy más si cabe, del diálogo -adujo tras subrayar que la huida de Puigdemont se produjo «con otro Gobierno»- para que los catalanes puedan superar el trauma que representó 2017». El presidente reiteró además que su Ejecutivo respeta y acata todos los procedimientos judiciales que puedan abrirse tanto en España como en la UE.

Esa última alusión indirecta a la separación de poderes responde tanto a los reproches de la oposición como a las críticas de Junts, cuya portavoz, Elsa Artadi, advirtió en Onda Cero de que si no se frena la entrega de Puigdemont a España su organización lo interpretará como «un ataque directo del Gobierno al presidente legítimo de la Generalitat, al independentismo y a todos los que buscan una solución dialogada a un conflicto político».

El intento de Sánchez de desmarcarse de la decisión de la justicia italiana tiene, aun así, un pero. Porque fue la Abogacía del Estado la que, en contra del criterio del juez Pablo Llarena, trasladó hace meses al Tribunal General de la Unión Europea que la ejecución de las órdenes de detención contra el expresident había quedado suspendida y la corte comunitaria dio por bueno ese argumento en un auto del pasado 30 de julio que ahora puede resultar determinante.

Si Puigdemont queda en libertad, tras declarar en Cerdeña el próximo 4 de de octubre, como ordenó el juez que este viernes le autorizó a salir de Italia, los reproches de Junts y de la CUP perderán fuerza. De momento, Aragonès advirtió de que lo ocurrido «no ayuda a la resolución del conflicto» pero también eludió dar nada por acabado. Oriol Junqueras también aseguró en La Sexta que no rompería «en ningún caso» la negociación. Y en esas declaraciones ponen el foco en la Moncloa.