El PSOE registra finalmente en solitario la ley de amnistía total al 'procés'

Los socialistas han pasado meses negociando, especialmente con el partido de Carles Puigdemont, pero también con ERC, el alcance de esta medida contestada de antemano por la oposición, por algunos (no muchos) sectores del PSOE y por buena parte del mundo judicial. Finalmente, como demandaban los postconvergentes, el conjunto de delitos amparados por la norma será amplio. Y el plazo del que dispongan los tribunales para aplicar la ley, breve: un «máximo» de dos meses a partir de su entrada en vigor.

La proposición de ley -entregada para su revisión a aliados como el PNV o Bildu esta misma mañana, pocos minutos antes de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, convocara oficialmente para este miércoles y jueves la investidura- fija como amnistiables «todos los actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023». Es decir, que también afecta, por ejemplo, a las causas abiertas por el Tribunal de Cuentas contra el expresidente Artur Mas y otros altos cargos de su gobierno, contra Carles Puigemont o contra Oriol Junqueras. Eso sí, en caso de que ya haya sentencia firme, no se contemplan ni la devolución del dinero pagado ni indemnizaciones.

Pero, además, el texto subraya expresamente que la ley también beneficiará a quienes en esas fechas cometieron otros delitos que «no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas». Es lo que Junts venía describiendo como casos de 'lawfare' o persecución judicial con fines políticos, una práctica a la que, no obstante, no hace referencia la norma. Es más, en su preámbulo, se remarca que «España se caracteriza por ser una democracia y un Estado de derecho en el que el principio de legalidad, el principio democrático y el respeto a los derechos fundamentales se configuran como pilares esenciales».

Bajo ese paraguas de actos no estrictamente vinculados al 'procés' podrá cobijarse con toda probabilidad, por ejemplo, el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluis Allay, investigado por malversación de fondos públicos por un viaje a Nueva Caledonia para asistir como observador a un referéndum. La proposición está redactada, de hecho, casi a su medida cuando habla de «aquellas actuaciones desarrolladas, a título personal o institucional, con el fin de divulgar el proyecto independentista, recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares».

Otro caso que los potconvergentes incluían en esa supuesta actuación espuria de los jueces, recogida en el acuerdo suscrito por el PSOE y Junts y rebatida de forma unánime por todas las asociaciones de jueces sin excepción, es el del exconsejero de Interior Miquel Buch, condenado por fichar a un sargento de los Mossos d'Esquadra para que ejerciera de escolta de Puigdemont tras su huida de España. A priori, el texto lo ampara tanto a él como al mosso Lluís Escolá.

Lo que no está tan claro es en qué medida comprende al abogado del expresident, Gonzalo Boye, acusado de blanqueo de dinero en una causa con el narcotraficante Sito Miñanco. La proposición de ley contempla la amnistía para «quienes, de forma manifiesta y constatada, hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables» del 'procés' pero solo en lo que se refiere a actos relacionados «directa o indirectamente» con el mismo.

A quienes sí incluye, claramente, como había anticipado ERC, es tanto a los CDR como a los implicados en la causa de Tsunami Democrátic a quienes se responsabiliza de los disturbios contra la sentencia del Tribunal Supremo de 2019 y sobre los que, en algunos casos, pesa la acusación de terrorismo. A los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cambio, la amnistía les será de aplicación solo en caso de que no estén acusados de delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes que «superen un umbral mínimo de gravedad». Parece claro que sí cubrirá a 28 policías y guardias civiles investigados por lesiones en Girona y está por ver en el caso de otros 45 policías nacionales imputados en un juzgado de Barcelona por por lesiones y trato degradante.

En una extensa exposición de motivos, de doce páginas, el texto defiende además la legalidad y la constitucionalidad de la amnistía que justifica, como hizo el propio Sánchez recientemente ante el comité federal de su partido, por el «interés general». A pesar de la enorme contestación que ya ha levantado su mera discusión, con protestas (en algunos casos violentas) en toda España, arguye que pretende «generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político».

Como los pactos alcanzados por los socialistas con ERC y Junts, el texto sitúa además la sentencia Tribunal Constitucional sobre el Estatut, en 2010, como causante de un malestar intenso en Cataluña, sostenido en el tiempo y plasmado en «mayorías parlamentarias». En la exposición de motivos, sin valor normativo pero clave para interpretar el conjunto de la ley y exenta del mínimo reproche a la actuación del independentismo, se esgrime además que esa «tensión social y política» provocó una «desafección» de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales. Desafección que, sostiene, «es reavivada de forma recurrente cuando se manifiestan las múltiples consecuencias legales que siguen teniendo, especialmente en el ámbito penal».